Lo sucedido el miércoles en la Audiencia Nacional pasará a la historia. Por una parte, como algo surrealista e increíble y, por otra parte, como un acontecimiento jurídico que debe ser considerado como un hecho de revalorización democrática del propio Estado de Derecho.

(...) parece ser que el tribunal entendió que se trataba de una conspiración urdida entre la Fiscalía, la defensa y los servicios de meteorología para tratar de burlar la decisión, ciertamente polémica, de celebrar el juicio a toda costa. En ese contexto, al ordenar la detención y su traslado a Madrid, se quiso dejar constancia de una peculiar concepción del principio de autoridad, cuando las circunstancias aconsejaban aplicar el principio del sentido común (...).

Ciertamente resulta increíble la orden de detención, tratándose de una petición inicial de una pena de privación de libertad inferior a dos años y sabiendo que la propia ley procesal contempla la posibilidad de celebrar el juicio sin la presencia del acusado, siempre que la ausencia fuese injustificada y la celebración del acto lo solicitara el Ministerio Fiscal. (...)

Por otra parte, merece especial reflexión la decisión del fiscal de retirar la acusación, al considerar que las manifestaciones realizadas por Otegi en el acto de homenaje a la etarra Castresana constituyen elogio de una ideología «pero no un acto antijurídico castigado por la ley» (...).

Conviene recordar que el artículo 578 del Código Penal, donde se tipifica el delito de enaltecimiento de terrorismo, fue especialmente polémico, dado que cualquier interpretación no restrictiva del mismo vulnera claramente el derecho constitucional a la libertad de expresión (...)

Esta diferenciación es lo que ha llevado a la Fiscalía de la Audiencia Nacional a retirar la acusación. Y es que aunque muchos no se lo crean, la función constitucional del Ministerio Fiscal no es formular acusaciones, sino promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos (...)