No me gustan las leyes en general y algunas, como la de partidos o la del tabaco, menos. No obstante, tengo que reconocer que en algunos casos siguen siendo necesarias, como las que regulan derechos para las personas que son discriminadas socialmente. No sirven para cambiar de inmediato las conductas que subyacen en la discriminación pero, al menos, establecen los derechos que siempre debían haber tenido esas personas. Ejemplo de éstas es la que equiparó el matrimonio de gays y lesbianas al de parejas heterosexuales, la de Igualdad entre hombres y mujeres o la de Identidad de Género, que reconoce derechos a las personas transexuales.

Insisto, en estos casos no basta con proclamar una ley para que ésta modifique de inmediato la realidad social. Sin embargo, dado que la discriminación y la desigualdad no son algo natural, sino que son el producto de situaciones, estructuras sociales y pautas de comportamiento injustas, una norma puede contribuir a cambiar éstas. Claro que, para ello, es necesario que la norma en cuestión establezca medidas concretas e incluso coercitivas y, por supuesto, que se habiliten los medios necesarios para su desarrollo, de modo que no se quede en pura demagogia.

La Ley de Igualdad que acaba de aprobarse en el Estado español es un empujón en la línea que vengo comentando. Como el Estado sigue teniendo en sus manos toda la competencia de legislación laboral ha podido establecer medidas tendentes a promover la conciliación laboral y familiar, verdadero caballo de batalla para las mujeres. Su necesidad es indudable. Las mujeres tenemos tasas de desempleo superiores a las de los hombres, salarios más bajos, escasa presencia en los puestos de responsabilidad, mayor precariedad laboral... No ha cubierto todas las expectativas en este campo. Los planes de igualdad en las empresas no son obligatorios, ni el permiso de paternidad, ni... pero son avances.

La ley también trata de romper el «techo de cristal» que impide a las mujeres estar en la toma de decisiones. Establece un equilibrio de sexos en las listas electorales -aunque no es paritaria ni obligatoria en los municipios de menos de 5.000 habitantes- o en los consejos de administración de las empresas. Medidas que pueden ser controvertidas, pero que no son una concesión, sólo el reconocimiento de lo justo.

La política y las decisiones económicas continúan siendo cosas de hombres, pese a que es evidente que la vieja excusa de que no hay suficientes mujeres preparadas es un camelo. Las hay y, en muchos ámbitos, más preparadas que hombres que ocupan los cargos sin haber sido sometidos nunca al humillante escrutinio de ver cuestionada su capacidad por el hecho de ser hom- bres. Llevamos suficientes años votando como para pensar que la presencia de mujeres en las listas electorales aumentará por la demografía o por su valía. En las empresas, por otro lado, la perspectiva de género brilla por su ausencia. En fin, una ley tristemente necesaria.