En un acto que celebraron en el santuario de Arantzazu el domingo pasado, las Comunidades Cristianas Populares y la Coordinadora de Sacerdotes de Euskal Herria denunciaron la política de dispersión que mantienen los estados español y francés, y redoblaron su compromiso de «seguir trabajando para que los derechos humanos individuales y colectivos sean respetados en todas sus exigencias».

Los setenta asistentes a la jornada anual «en favor de los derechos de todos los presos y presas» en Arantzazu denunciaron «las muestras de la injusticia de nuestra sociedad y, en especial, de los gobiernos y jueces que se prestan a determinados intereses políticos», entre los que citaron tanto la dispersión penitenciaria como los macrosumarios políticos.