La fantasía de determinados políticos y periodistas vuela mucho más allá de lo recomendable para el análisis. Como la realidad ha forzado a la izquierda abertzale a ser imaginativa para poder sobrevivir, ya nadie se conforma con lo que ven sus ojos y buscan explicaciones esotéricas a lo simple. Cuando se ha producido la noticia más relevante del año en el escenario político vasco, hay quien se entretiene hablando de «señuelos». La dirección de la izquierda abertzale ha decidido pasar por ventanilla cumpliendo la Ley de Partidos. Un sapo de esas dimensiones no se come por mero entretenimiento. ¿Que si la nueva formación no es legalizada tratará también de estar presente en las elecciones? Posiblemente. A la fuerza ahorcan. Pero su apuesta buena, su apuesta de futuro, es Abertzale Sozialisten Batasuna.

Por lo tanto, a la hora de valorar lo acontecido en los últimos días es preciso, en primer lugar, atenerse a los hechos. Y el hecho fundamental es que, después de varios meses rechazándolo, la dirección de la izquierda abertzale ha decidido registrar un nuevo partido, sin tener garantías de que vaya a ser legalizado y sin acuerdos políticos de fondo. Puede pensarse que el calendario electoral le obligaba a ello. No necesariamente. Tenía muchas fórmulas políticamente mucho menos comprometidas para tratar de presentar listas el próximo 27 de mayo. Si ha dado el paso ha tenido que ser por razones más profundas. Por ejemplo, sacudir un escenario paralizado en el que da la impresión de que determinados partidos prefieren alimentar el conflicto a solucionarlo si ello puede suponerles algún coste.

La decisión es sumamente arriesgada. No sólo porque el Estado parece hoy más empeñado en intentar humillar a la izquierda abertzale que en buscar cauces de diálogo y acuerdo -por mucho que Zapatero hable del ejemplo irlandés-; sino también porque tratar de garantizar el éxito de la iniciativa ha obligado a la dirección independentista a tomar decisiones que una parte sustancial de sus bases ha conocido por los medios de comunicación. Esto siempre puede ser fuente de problemas internos, sobre todo si las cosas no salen bien.

El presidente del Gobierno Español aseguró en televisión que hay que cumplir la Ley de Partidos «al pie de la letra» y ASB lo hace. Tratar de rebatirlo haciendo referencia al nombre es, en buena medida, una falta de respeto al euskara. Todo lo que lleve la palabra «batasuna» les parece lo mismo. Sin embargo, en castellano, la serie «Unidad Popular», «Unidad», «Unidad de Patriotas Socialistas» no denota ningún tipo de sucesión. De hecho, el Ministerio de Interior tiene legalmente registrados 84 partidos que incluyen en su nombre la palabra «Unidad». También resulta algo insustancial hablar de que las personas que lo han registrado «pueden tener vínculos directos con organizaciones ilegalizadas». Claro, si estaban pidiendo a lo que representa Batasuna que diera el paso de legalizarse, ¿quién va a hacerlo? ¿alguien del PNV?

La cuestión de fondo es que de los estatutos de ASB o de sus actuaciones -inexistentes hasta que se proceda a su registro- no puede deducirse que «vulnere los principios democráticos», puesto que los respeta expresamente, ni se le puede achacar «disposición a apoyar la violencia o el terrorismo».

Dado que el nuevo partido cumple la ley «al pie de la letra», como piden Zapatero o Alfredo Pérez Rubalcaba, ahora se pretende invocar el «espíritu de la ley» para intentar evitar la legalización de ASB. Se exige una «rechazo expreso a la violencia», aludiendo a una sentencia del Tribunal Constitucional que en realidad contempla este punto como «mérito» y no como requisito indispensable.

A la vista de las respuestas que está obteniendo el paso dado por la izquierda abertzale, diríase que hay quien prefiere que ASB condene un atentado a que no haya más atentados.

Si se quisiera afrontar el proceso en serio, la «sucesión» no sería el pecado original de ASB sino su valor añadido. ¿Qué importancia política tendría que cuatro chalaos sin conexión con las formaciones ilegalizadas dieran el paso? Lo trascendente es que lo haya dado la izquierda abertzale.

La decisión que debe adoptar ahora Rodríguez Zapatero es si le demuestra a una parte sustancial de la sociedad vasca que tiene cauces para intervenir en política por vías exclusivamente pacíficas y democráticas o si, por el contrario, hace patente que esos cauces no existen. Y ha de hacerlo además cuando -a pesar del atentado de hace tres meses- ETA mantiene su alto el fuego y la kale borroka es prácticamente inexistente. Cuando la izquierda abertzale le ha puesto sobre la mesa una oferta para la paz definitiva y ha dado el paso de cumplir la Ley de Partidos.