El pasado martes la izquierda abertzale materializó una decisión que indudablemente ha debido conllevar muchas horas de intenso debate en su seno: la inscripción en el registro del Ministerio de Interior español de un nuevo partido cuyos estatutos se ajustan a una ley de partidos redactada expresamente para sacarla del juego político y que, no cabe olvidarlo, es rechazada por la mayoría de la sociedad vasca. Ahora corresponde al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tomar otra decisión que habrá de meditar con sumo cuidado: cómo responder finalmente al paso que ha dado la izquierda abertzale.

El intentar legalizar un nuevo partido no tiene un contenido meramente electoral -no es un juego de listas, hoy te prohíbo ésta y mañana puede que deje pasar otra- sino que se inscribe como un movimiento de fondo que debe analizarse conjuntamente con otros que también ha dado la izquierda abertzale para intentar que el proceso avance hacia la resolución del conflicto y la consecución de la paz definitiva. Y los primeros mensajes que ha transmitido el Gobierno español son poco esperanzadores. Como si se hubiese visto sorprendido y cogido a contrapié, a las cinco horas de que los estatutos de ASB se hubieran depositado en el registro, el Ministerio de Interior se apresuró a hacer público que veía indicios de ilegalidad y a poner el caso en manos de la Fiscalía y la Abogacía General del Estado. La reacción de Alfredo Pérez Rubalcaba -lejos del sosiego exigible en casos de semejante trascendencia- evidencia un afán propagandístico y una evaluación incorrecta de los hechos.

Cabe también dejar constancia de que en esta materia el discurso del PNV y el que mantiene el Ejecutivo español vuelven a asemejarse como dos gotas de agua. Los jeltzales -diciendo estar en contra- se han convertido en Euskal Herria en los mayores valedores de la antidemocrática Ley de Partidos. Y, lo peor de todo, carecen de un esquema autónomo de cómo desarrollar el proceso, limitándose a hacer suya la estrategia de Madrid.