19.500 euros, más de tres millones de las antiguas pesetas, es el precio que cuesta en Iruñea participar en el Olentzero. El Ayuntamiento gobernado por Yolanda Barcina ha notificado re- cientemente estas sanciones a trece vecinos de diversos barrios, con lo que da un nuevo paso en la escalada destinada a prohibir ésta y otras fiestas populares. El «motivo» esgrimido para las multas es el de haber interrumpido el tráfico. Pero para las Coordinadoras Culturales de los Barrios que comparecieron ayer en rueda de prensa, la explicación es más sencilla que ésa: «Tenían que multar porque no tragamos con la imposición de las fianzas. Como las Coordinadoras Culturales nos quitamos de enmedio y dejamos la organización de los Olentzeros en manos de los vecinos, se han vengado en ellos», afirmó Felipe Castell, de la Txantrea.

El litigio proviene del momento en que el Consistorio gobernado por UPN y CDN decidió exigir cuantiosas fianzas a los colectivos de los barrios para permitir los desfiles de Olentzero. La aparición en ellos de reivindicaciones suponía inmediatamente la pérdida de esa can- tidad. Buena parte de los barrios de Iruñea no han aceptado esta imposición, y en los dos últimos ejercicios han sacado a la calle al carbonero el 24 de diciembre sin contar con aval legal del Ayuntamiento, como se había hecho siempre. Y éste replica con multas que ascienden a nada menos que 1.500 euros por cabeza para los vecinos identificados (en este pasado 2006, cuatro en Donibane, cuatro en Arrosadia, tres en la Txantrea y dos en Etxabakoitz). El «delito», recalcaron ayer las Coordinadoras, no es otro que haber participado en la fiesta. No se imputa nada más.

A través del citado Felipe Castell y de Angel Arriaran (Errotxapea), expusieron ayer su hartazgo: «Hemos pasado de una situación en la que el Ayuntamiento, aun con carencias, ayudaba a los barrios en sus actividades con la cesión de vallas, escenarios... a otra radicalmente contraria en la que organizar cualquier acto festivo se convierte en un sinfín de problemas burocráticos, permisos, tasas o multas». Denuncian «toda una batería de normas destinadas directamente a obstaculizar nuestras actividades y a ahogarnos económicamente» y cuya última expresión es la ordenanza denominada Pamplona por el Civismo.

Autoinculpaciones y moción

Su consecuencia -añaden los representantes de Txantrea, Errotxapea, Sanduzelai, Donibane, Etxabakoitz, Arrosadia, Mendillorri, Iturrama y Alde Zaharra- es «un sinfín de zancadillas sin sentido y desgaste para quienes con recursos mínimos trabajan por sus barrios».

Pero las Coordinadoras Culturales de los barrios de Iruñea no tiran la toalla y han puesto en marcha una doble vía de respuesta. Por un lado, invitan a la ciudadanía a firmar unas autoinculpaciones que servirán para mostrar al Ayuntamiento de Barcina «que somos miles de personas las que defendemos una cultura popular, libre y alternativa, y arropamos y mostramos nuestra solidaridad con los vecinos multados».

Junto a ello, han emprendido contactos con los diversos grupos municipales para presentar una moción destinada a «reconducir una situación que a nuestro entender ha llegado demasiado lejos». Intentarán que se aborde en el último pleno de la legislatura, el 17 de abril. Tiene tres puntos: retirada inmediata de los expedientes y multas abiertos por la participación en los Olentzeros, retirada de la normativa que impone fianzas por la realización de actividades en la vía pública, y derogación de la ordenanza Pamplona por el Civismo y creación de una mesa con todos los colectivos implicados para redactar otra.

En paralelo, hablarán con partidos, sindicatos y organizaciones populares para pedir apoyo con una declaración pública.