Ulises tardó dos décadas en regresar a su hogar en Itaca tras la cruenta guerra contra los troyanos. Los vecinos de La Siebe-Dinamita, en el barrio barakaldés de Cruces, no disponen de tanto tiempo. Tienen una media de edad cercana a los 80 años y no pocos han superado ya los 90. Como el héroe griego, libran su particular Odisea para conseguir el realojo en una vivienda digna, la que les prometieron cuando derribaron sus caseríos. Luchan por abandonar su encierro en un poblado de casas prefabricadas, que dura ya cuatro años y que se podría alargar otros tres. Siete de ellos, acaso los más valientes, ya no podrán verlo. Salieron de las casas prefabricadas con los pies por delante. Puede que no sean los últimos.

Manolo, Pili, Nino, Isabel, Paca... apenas pueden alejarse demasiado de sus casas «provisionales». Son ya muy mayores, y los accesos al poblado son un desastre de barro y escombro, una pendiente amenazante para sus inseguras piernas. A ellos sólo les queda esperar y son sus hijos, incluso sus nietos, los que han asumido la árdua labor de que sus voces, de profundo cabreo, sean escuchadas. Pero, al menos hasta el momento, ha sido como clamar en el desierto.

Todo empezó un mal día de hace ya diez años. Entonces, los vecinos afectados vivían en un espacio de 16 hectáreas en la ladera del monte Basatxu. Caseríos con explotaciones agrícolas y modestas casitas con huerta o jardín dominaban el paisaje, hasta que en un despacho del Ayuntamiento de Barakaldo se decidió modificar el Plan General de Ordenación Urbana. Fue el comienzo del fin. El área se recalificaba de rural a urbana y su futuro se ponía en mano de los «señores del hormigón». Construirían pisos de protección oficial, y también lucrativos bloques de viviendas, en un espacio tranquilo pero muy cercano al centro de Cruces. Y al metro.

Los vecinos intentaron opinar, hicieron alegaciones formales para poder mantener sus casas comprando los terrenos que fueran necesarios, estaban dispuestos a convivir con los nuevos bloques. Son 16.000 metros cuadrados, había sitio de sobra para todos. Pretendieron dialogar, pero nadie les escuchó y los planes del Ayuntamiento se pusieron en marcha. Corría el año 1999, se agotaba el milenio.

Dado que era el Consistorio el propietario de la gran mayoría de los terrenos, convocó un concurso público para el desarrollo del plan parcial. Un concurso al que sólo se presentaron dos empresas y que ganó la más fuerte: Bruesa. En su página de internet, www.bruesa.com, hoy se puede leer esta noticia: «El Grupo Bruesa incrementa un 141% su resultado. La Cifra de Negocio Consolidada aumentó un 57 % hasta los 420 millones de euros». Parece que el negocio va bien.

En su propuesta, la que le valdría la adjudicación municipal de las obras, Bruesa se comprometía a realojar a los vecinos en los pisos definitivos en un plazo no superior a 25 meses; han pasado ya más de cuatro años. Y prometía contratar a los desempleados del barrio para las obras; hoy siguen tan parados como entonces. Tenía dos años para construir un centro de día en la zona; han transcurrido 60 meses y no se ha inaugurado.

El «pelotazo» de la hipoteca

Comenzaba a calentar el verano de 2002 y el proceso seguía su curso imparable. La constructora pagaba por los terrenos 7,5 millones de euros; y apenas una semana más tarde acudía al banco para hipotecarlos y conseguir 15,5 millones, según cuentan los vecinos. Éstos, obligados por las circunstancias, habían aceptado un acuerdo con la constructora para garantizar su realojo en los términos en que se aprobó en la adjudicación municipal. Con todo aparentemente atado, en agosto de 2003 las excavadoras derribaban sin piedad los caseríos.

Sus antiguos habitantes optaban, en virtud del citado acuerdo, entre residir en pisos de alquiler, irse a vivir con sus familiares -por lo que recibirían 450 euros mensuales- o trasladar sus enseres a un poblado de 32 casas prefabricadas, con una superficie de 40 metros cuadrados cada una. Así pasarían dos años como mucho, les dijeron entonces.

Era mentira, cinco años después de la adjudicación y cuatro del derribo de las viviendas aún no ha comenzado la construcción de uno de los bloques donde han de producirse la mitad de los realojos: casi 40 familias. A éstas, los «señores del hormigón» les hablan ahora de esperar otros 30 meses.

La otra mitad de los afectados ha tenido más «suerte», porque 43 familias han comenzado ya a escriturar sus viviendas. Y tras años de espera se podrían esperar caras de satisfacción. Pero ni siquiera es así. Primero, porque no todos los que vieron las ruinas de los caseríos han podido llegar a contemplar sus nuevos hogares. Segundo, porque en no pocos de esos pisos «nuevos» se han encontrado con ventanas por las que entra el agua, suelos de madera levantados y no tienen permiso de habitabilidad.

Eso sí, los bloques no destinados a realojos, las 150 viviendas que los constructores vendieron a los desorbitados precios que habitualmente marca el mercado inmobiliario, ésas hace tiempo que se terminaron en el sector de Siebe. Ya hace mucho que están habitadas, porque fueron las que primero se construyeron. Las del realojo, a la cola.

No ha pasado un solo mes, desde que comenzara esta Odisea hace cinco años, sin que los vecinos se hayan movilizado. Manifestaciones, encierros, concentraciones, litros de tinta en escritos al Ayuntamiento... Hasta hicieron el Camino de Santiago con pancartas contra Bruesa a sus espaldas. Y no van a parar «hasta que el último vecino haya sido realojado en condiciones».

Por su boca habla más la indignación que la desesperación. «Los directivos de la constructora nos dijeron que pasarían por encima de nosotros como elefantes. Y vaya si lo han cumplido», asegura Franbi, hijo de una de las afectadas. «Dolor, desasosiego, malestar, pesimismo, intranquilidad, depresión, ansiedad...» ya pocas palabras quedan en el diccionario para expresar lo que sienten.

Y lo peor: se sienten abandonados por el Ayuntamiento, por su alcalde, que no se ha dignado a recibirles ni en una sola ocasión, pero sí accedía a todas las reclamaciones de Bruesa. Algunas tan agresivas como la de eliminar más de 20.000 metros cuadrados del último bosque autóctono de árboles «que plantaron nuestros abuelos y bisabuelos» para construir viviendas de lujo que no se venderán por menos de 600.000 euros.