Un camión bomba mata a doce personas y hiere a 126 en Kirkuk
Un ataque contra una comisaría de Policía en Kirkuk, al norte de Irak, provocó ayer al menos doce muertos y 126 heridos. El atentado se produjo empleando un camión bomba que se empotró contra el edificio que ocupaba la Policía. Mientras, en Basora, al sur un soldado británico murió y otro resultó herido. Asimismo, ayer se dio a conocer que, desde la invasión de EEUU, han muerto 84 cooperantes en el país árabe.
GARA | BAGDAD
Al menos doce personas murieron ayer cuando un suicida empotró un camión bomba contra una comisaría de la ciudad de Kirkuk. El ataque causó además 126 heridos, muchos de los cuales se encontraban en estado grave, por lo que no se descarta que el número de fallecidos se pueda incrementar, según informó el oficial de policía de Kirkuk, Borhan Wasef, quien añadió que el atentado produjo cuantiosos daños materiales.
El camión explotó aproximadamente a las 10.45, frente a la entrada de la comisaría de Rahimawa, un barrio kurdo en el norte de Kirkuk.
Testigos presenciales dijeron haber visto un intenso tráfico de ambulancias dirigiéndose al lugar de los hechos, donde numerosos edificios cercanos a la comisaría quedaron dañados.
Kirkuk vive una gran tensión étnica desde la invasión de EEUU, ya que numerosos refugiados kurdos regresaron a la ciudad para reclamar tierras y propiedades confiscadas por el régimen baazista.
Los árabes y turcomanos de Kirkuk acusan a los kurdos de querer cambiar la composición demográfica de la región, rica en petróleo, de cara al referéndum que se celebrará sobre su incorporación a la región autónoma del Kurdistán.
Por otra parte, un soldado británico murió y otro resultó herido en un ataque registrado en Basora, al sur de Irak.
84 cooperantes muertos
Al menos 84 cooperantes han muerto en Irak desde la invasión de EEUU en 2003, «el número más alto jamás registrado durante un periodo similar en ningún país, según informó un responsable del Comité de Coordinación de ONGs en Irak (NCCI, siglas en inglés), Cedrid Turlan, citado por la agencia IRIN, vinculada a la ONU. De los 84 fallecidos, 18 procedían de otros países, mientras que los 66 restantes eran iraquíes.
El comerciante de productos químicos holandés Frans van Anraat, quien fue condenado a quince años de cárcel por «complicidad de crimenes de guerra en Irak», fue juzgado ayer en apelación. Van Anraat está acusado de haber facilitado, entre 1985 y 1989, los elementos químicos necesarios para la producción de armas químicas, como el gas mostaza, con las que fueron atacadas aldeas kurdas de Irak.
Estas armas químicas fueron utilizadas masivamente en la masacre de Halabja, donde en 1998 fallecieron 5.000 civiles kurdos en su solo día.
El Tribunal de La Haya condenó a Van Anraat a quince años, al considerar que «no podía ignorar» que los productos que vendió al Gobierno de Saddam Hussein iban a servir para elaborar armas químicas.
Posteriormente, sin embargo, presentó un recurso argumentando que no conocía el destino del material que exportaba a Irak.
Van Anraat fue detenido en Italia en 1989, pero huyó a Irak, donde permaneció hasta la invasión de EEUU de 2003, cuando se refugió en los Países Bajos, donde fue entregado al Tribunal de La Haya.
El Tribunal Supremo de Justicia de EEUU decidió ayer no pronunciarse sobre la apelación de algunos prisioneros en la base de Guantánamo que han reclamado por haber permanecido confinados más de cinco años.
Con el desacuerdo de tres de sus nueve magistrados, el máximo tribunal de EEUU indicó que no se pronunciará sobre la constitucionalidad de ciertos aspectos de la «ley antiterrorista» aprobada por el Congreso el año pasado.
La legislación cuestionada estipula que los prisioneros que el Gobierno define como «combatientes enemigos» no tienen derecho a habeas corpus, es decir, que no pueden cuestionar su detención ante tribunales civiles.
En febrero, un tribunal federal de apelaciones dictaminó que los tribunales federales tampoco tenían atribuciones para cuestionar esa ley.
Desde comienzos de 2002, EEUU ha confinado en la base naval de Guantánamo, en el sudeste de Cuba, a cientos de hombres capturados en diferentes partes del mundo y calificados como «combatientes enemigos». Los abogados de algunos de estos prisioneros plantearon la inconstitucionalidad de la prohibición del habeas corpus.
