Detenidos denuncian que la Guardia Civil les golpeó y aplicó «la bolsa"
La tortura vuelve a aflorar en la última redada policial, aún en curso. Seis de los detenidos fueron enviados ayer a prisión y los cuatro que pudieron contactar con sus letrados han detallado haber sufrido «la bolsa", golpes, vejaciones sexuales y amenazas. Además, la televisión captó a Endika Zinkunegi cuando salía cojeando y en penoso estado de la Audiencia Nacional. Y testigos han afirmado que anteayer Sergio Lezkano, aún detenido, fue llevado al hospital.
Ramón SOLA |
Torturaren Aurkako Taldea ha anunciado una rueda de prensa hoy para ofrecer datos detallados sobre las denuncias de torturas hechas por los detenidos en la redada de la Guardia Civil iniciada el miércoles. Seis de los ocho detenidos aquel día fueron a parar a prisión ayer, y tras dejar atrás el periodo de incomunicación hicieron un crudo relato de torturas a sus abogados. Sólo Itziar Agirre y Lorea Irigoien no había podido contactar con ellos todavía; los otros cuatro les detallaron que han sido torturados. Se trata de Joseba Lerin, Iñigo Orue, Juan Carlos Herrador y Arkaitz Agote.
Según pudo saber GARA, entre los maltratos referidos están la aplicación de «la bolsa» para provocar la sensación de asfixia, golpes, vejaciones sexuales, obligación de realizar ejercicios físicos como flexiones, insultos y amenazas.
Se trata de prácticas equiparables a las que han sido denunciadas por los últimos detenidos. Así, el periodista Sebas Bedouret, capturado el 6 de diciembre por la Guardia Civil, explicó que antes que nada le dijeron que «estás en Intxaurrondo, ¿conoces la historia de aquí?». Luego fue obligado a hacer flexiones, le agarraron los genitales entre preguntas del tipo de «¿cómo se dice `homosexual' en francés?», y le amenazaron con ponerle «la bolsa» y con su mujer, embarazada de ocho meses en aquel momento.
Iker Agirre, apresado en Girona el 25 de enero, no fue detenido por la Guardia Civil sino por la Policía española, pero su testimonio resulta muy similar: reveló haber sufrido golpes en todo el cuerpo, así como flexio- nes, tirones de pelo, amenazas relativas a sus familiares y advertencias de que «vamos a pegarte dos tiros».
Zinkunegi y Lezkano
Sólo sus abogados han podido ver a los detenidos, que ingresaron ayer en Soto del Real tras pasar ante el juez. Pero la imagen de otro de los ocho arrestados el miércoles sí trascendió a través de las cámaras de ETB. Endika Zinkunegi, el único que quedó libre con obligación de firmar en el juzgado quincenalmente, abandonó la Audiencia Nacional con una notable cojera, llorando y con temblores. Como quedó en evidencia, Zinkunegi no se encontraba en condi- ciones de acudir al ongietorri convocado anoche por sus vecinos de Usurbil (77 personas se reunieron en asamblea). ETB informó de que Zinkunegi le dijo al juez que «han sido los cinco peores días de mi vida».
Otro dato alarmante llegó a GARA desde el Hospital Donostia. Testigos presenciales afirmaron que a las 22.30 de anteayer una persona a la que iden- tificaron como Sergio Lezkano fue llevado al servicio de Urgencias por dos guardias civiles encapuchados. Ni anteayer ni ayer se emitió información alguna al respecto. Lezkano sigue detenido, al igual que Unai Lamariano y Joseba González Pavón.
Volviendo a los primeros detenidos, el juez Ismael Moreno decretó ayer prisión incondicional para todos salvo el citado Endika Zinkunegi, con acusaciones diversas. Según fuentes judiciales, a Joseba Lerin se le imputan «pertenencia a ETA», «falsificación de documentos», «tenencia ilícita de armas de fuego y de explosivos» y «estragos»; a Arkaitz Agote, «pertenencia», «tenencia de explosivos» y «estragos»; a Juan Carlos Herrador, «pertenencia» y «almacenamiento de explosivos», al igual que a Lorea Irigoien; a Itziar Agirre, «tenencia de explosivos» y «colaboración»; y a Iñigo Orue, «colaboración».
El presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, telefoneó personalmente ayer al líder del PP, Mariano Rajoy, para darle detalles de la operación. A modo de «curiosidad», las FSE filtraron que en un registro se hallaron capuchas blancas como las usadas por ETA en comunicaciones como la del alto el fuego. Dicen también que en el barrio de Errotaburu hallaron la imprenta con la que se elaboraría el «Zutabe» de ETA y ejemplares que corresponderían al próximo número.
Mientras tanto, en París fueron procesados Jon Iurrebaso y Kepa Suárez, detenidos el jueves en Perigueaux. Se sigue buscando sin éxito la vivienda en la que residirían.
A punta de pistola
La operación que se inició en Andoain ha deparado hasta el momento once detenidos y numerosos registros, y las FSE buscarían además a otras seis personas y han entrado en casa de dos más contra quienes se desconoce si existe orden de detención, según el recuento efectuado ayer por Askatasuna.
Este organismo ofreció nuevos detalles del operativo de la Guardia Civil, en los que aparecen arrestos a punta de pistola ante niños pequeños. Es lo que ocurrió el sábado en el Antiguo, donde Unai Lamariano fue capturado cuando se encontraba en el polideportivo del barrio con sus tres hijos (de entre seis y un año). Dio a conocer también que en Oion Endika Zinkunegi fue abordado por la Guardia Civil cuando se encontraba preparado la Korrika junto a los alumnos de la ikastola, con un despliegue que provocó lloros y sustos entre los niños. Y que a Juan Carlos Herrador se lo llevaron también a punta de pistola ocho guardias civiles de paisano tras irrumpir en la herriko taberna del Antiguo.
En el caso de Joseba González Pavón, detenido en la noche del domingo, Askatasuna confirmó que los guardias civiles lanzaron tres disparos al aire, lo que unido al hecho de que el joven fuera obligado a tumbarse en el suelo provocaron un enorme susto en el barrio.
Hasta el momento se han producido además registros en pisos y locales de Andoain, Berriozar, Aizarotz, Hernani, Donostia o Iruñea. Entre ellos se incluye, por ejemplo, el de la vivienda de los padres de una persona a las que al parecer buscaban en el Antiguo. Los últimos ocurrieron el domingo por la noche, día en que entraron en tres viviendas de Hernani y en un local y dos pisos de la Txantrea.
Además de en Usurbil, en Berriozar se movilizaron 75 vecinos, en la Txantrea 60, en Uharte Arakil 90 y en Donostia 100.
Igande gauerdian, Ugaitz Astizen etxea miatu eta gero, Txantreako Artzara elkartera jo zuen Guardia Zibilak. Bertako kidea da Astiz. Ordu hartan elkartean ez zegoen inor, eta barrura sartzeko atea bortxaz ireki zuten. Ez zuten horrelakoetan legez nahitaezkoa den lekukorik, eta elkarteko kideek GARAri atzo jakinarazi ziotenez, oraindik ez dakite zehazki zer egin zuten bertan. Bi ordenagailu, telefono zerrendak, kideen datuak biltzen dituzten agiriak (elkarteetan ohikoak diren diru-kontu eta gastuak), giltzaz itxitako bulegoan gordetako dirua -300 euro zehazki-... hori guztia faltan sumatu dute. Sarrera nagusiko atea hondatu zuten, eta egoitzaren atzeko aldean duten biltegiko atea paretatik atera zuten. «Adreiluek utzitako zuloa bistan da», salatu dute kideek. Ez da ulergarria, haien ustez, elkarteko datuak, argazkiak edo Irubiden egin nahi duten errepidearen aurkako kanpainarako bildutako dirua eramatea eta sarrera bortxatzea.
El secretario de Estado de Seguridad quiso matizar que «la información y la documentación de que se dispone en ningún caso pone de manifiesto que existiera un riesgo de atentado inmediatamente».
Se mostró seguro de que la redada «es un intento clarísimo por parte del Gobierno español de marcarle el territorio a ETA, a modo de señal, en un momento en que entre ellos hay más incomunicación que comunicación».
En los últimos meses el Estado español ha ratificado el Protocolo contra la Tortura de la ONU. Baltasar Garzón emitió un auto en el que anunciaba un procedimiento propio contra esa lacra. Y el Parlamento de Gasteiz aprobó una contundente batería de iniciativas contra los maltratos. Ninguna de estas medidas ha servido para evitar que los detenidos en esta redada pasen cinco días y noches incomunicados, tras los que rebrotan las denuncias de tortura. Ninguna de estas tres instancias ha sido efectiva a la hora de la verdad.
El Ejecutivo español sigue sin implantar las medidas previstas en el Protocolo de la ONU ratificado a bombo y platillo en abril pasado, y cuyas medidas debían entrar en vigor en un plazo de seis meses. Su clave central pasa por las denominadas «visitas de monitoreo», a cargo de una comisión que puede presentarse en cualquier momento en centros de detención o de encarcelamiento, lo que generaría además un efecto disuasorio. El Gobierno ya dio muestra de sus intenciones cuando nombró para la comisión internacional a Leopoldo Torres, fiscal general del Estado en la época en que se obstaculizó la investigación de los GAL. Y no hay noticias de la comisión que debe formarse en el ámbito estatal.
La voluntad general del Gobierno del PSOE en este terreno no debe ser muy firme cuando un juez concreto de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, emitió en diciembre pasado un auto en el que establece una vía propia destinada supuestamente a evitar la tortura: anunció que obligaría a grabar permanentemente los interrogatorios, permitiría visitas de médicos de confianza y él mismo acudiría a los calabozos si lo veía necesario. Esta redada no ha pasado por su despacho, lo que impide probar si cumplirá su compromiso. Y el resto de jueces especiales no le secunda por ahora.
Ese mismo diciembre, con la foto de Unai Romano sobre la tribuna, la Cámara de Gasteiz aprobó una moción que, entre otras cuestiones, reclama suprimir la Audiencia Nacional, pedir que se elimine la incomunicación, suspender los sumarios basados en la tortura e instar a Madrid a «reconocer su existencia». El jeltzale José Antonio Rubalkaba argumentó que «es momento de que la Ley Antiterrorista se adecúe a los nuevos tiempos». Pero el viernes el PNV se negó a recibir a los miembros de TAT y familiares de los detenidos. Su declaración también se ha quedado en agua de borrajas.
