«Tenemos un presidente que aprovechó la tragedia del 11-s para concentrar su poder, al tomarlo de otras ramas de Gobierno que ordinariamente lo limitan y sirven para proteger a individuos ante el Poder Ejecutivo, como parte de un sistema de derechos constitucionales individuales», resume Bill Goodman en una entrevista con «La Jornada» en las oficinas del Centro para Derechos Constitucionales, en Nueva York.

Goodman explica que «la manera básica en que ha funcionado la democracia estadounidense durante más de 300 años es que los individuos, cuando se violan o se amenazan sus derechos, pueden recurrir a los tribunales y hacer que se les garanticen. El Gobierno de Bush ha buscado retirar masivamente la jurisdicción de tribunales en la defensa de los derechos individuales. Lo ha hecho al invocar la seguridad nacional, los poderes ejecutivos inherentes y el privilegio ejecutivo».

Goodman subraya el peligro de toda esta maniobra política: «Uno esperaría de un mandatario que se atribuye tal poder que pueda manejarlo de manera competente, con habilidad, aun si es de manera anticonstitucional. Pero tenemos un presidente -no estoy diciendo que Bush sea tonto, lo cual es un lugar común- que es políticamente un imbécil. No tiene ninguna habilidad para manejar de manera inteligente las palancas del poder; la guerra de Irak es sólo el ejemplo más burdo. Por un lado acumula un poder sin precedente, y por el otro muestra incapacidad de manejarlo, y eso es una combinación terrible. Por tanto, tenemos una crisis constitucional grave».

El CCR ha encabezado algunos de los casos legales más importantes contra esas políticas, y actualmente coordina los esfuerzos de cientos de abogados en Estados Unidos, que participan en más de 200 juicios en representación de los derechos de detenidos en la prisión de la base naval estadunidense de Guantánamo, Cuba.

También presentó una demanda ante tribunales de Alemania contra el ex secretario de Defensa Donald Rumsfeld; el procurador general Alberto Gonzales, y otros altos funcionarios del Gobierno de Bush, por tortura y violación de convenios internacionales, asunto que está en curso. El proceso se inició en noviembre de 2006 al solicitar que el fiscal federal alemán investigue e inicie un proceso contra altos funcionarios estadunidenses por autorizar crímenes de guerra.

Bill Goodman, quien como director de Asuntos Legales del CCR coordina esas iniciativas presentando casos desde tribunales federales locales hasta la Suprema Corte de Justicia, considera que la «crisis constitucional» a la que se enfrenta Estados Unidos es una amenaza sin precedente en este país.

El CCR fue fundado en 1966 por abogados famosos (entre ellos William Kunstler y Arthur Kinoy) para encabezar la defensa de movimientos por la justicia social.

Otros abogados reconocidos como Peter Weiss y Michael Ratner, así como el propio Goodman, participan en todo tipo de casos, particularmente ahora contra las consecuencias de las nuevas leyes «antiterroristas», o como casos en el pasado contra Henry Kissinger, Augusto Pinochet y otros acusados de aprobar crímenes de guerra y violaciones masivas de derechos humanos.

Los casos promovidos son los que revelan la falta del principio de «justicia para todos» y la violación de derechos humanos por parte de los gobiernos. Estos incluyen un proyecto para defender el derecho constitucional de viajar en torno al embargo contra Cuba, y el CCR ahora representa a unas 300 personas que están acusadas de violar el embargo.

En la entrevista con «La Jornada», Goodman considera que Guantánamo representa un ejemplo más de «falta de legalidad» en la política bélica de Bush. «Aquí establecen una prisión que de manera explícita no está bajo la jurisdicción de las Convenciones de Ginebra o que la gente detenida ahí no fuera protegida por la Constitución de Estados Unidos, aunque eso aún está en disputa y está por decidirse en los tribunales estadunidenses. Establecen Guantánamo -agrega- no sólo para hacer cosas que le revuelven el estómago a uno, sino para hacer cosas opuestas a nociones básicas de procesos de ley, como detención indefinida, tortura y persecución religiosa; eso es lo que representa la existencia de Guantánamo», subraya el director de Asuntos Legales del CCR.

¿Y las confesiones recientes de algunos de los detenidos ahí?

Estos son juicios fraudulentos. Es la repetición del incendio del Reichstag, de los juicios fabricados de los años treinta, cuarenta y cincuenta, éstos son una forma de decir que estas medidas que hemos adoptado y que violan nociones básicas de derechos humanos son validadas con gente que está dispuesta a confesar. La historia demuestra lo que son estas cosas; están basadas en la detención indefinida, en negar el derecho a un abogado, seguramente en la tortura, y por lo tanto carecen de credibilidad.

¿Qué implicaciones tiene el hecho de que la tortura ha sido legalizada en Estados Unidos?

Mira, seguramente no sorprende a nadie que agentes estadunidenses torturan, seguramente no es sorprendente para los lectores de La Jornada. Pero lo que sí es sorprendente es el entusiasmo y la pasión con que funcionarios de alto nivel del gobierno estadunidense abrazan esa práctica de manera explícita. Eso es diferente, creo que nadie antes estaba dispuesto a declarar explícitamente que sí torturamos.

¿Hay desaparecidos?

Los llamados «detenidos fantasma» son gente que ha sido secuestrada en lugares desconocidos, detenidos y seguramente torturados. Creo que en América Latina el concepto de desaparecido estaba vinculado con el concepto de ejecución. No estoy seguro que eso haya ocurrido con estos detenidos, no tenemos evidencia de ello. Pero sí existe la posibilidad de que lleguemos a esos extremos, a menos que algunos sectores de la sociedad empiecen a demandar que todo esto cese. Pero nadie sabe dónde están, ni quiénes son, ni cuántos hay.

¿Pero nadie va a rendir cuentas por todo esto?

Hasta hace poco los tribunales -el Poder Judicial- eran el contrapeso a los excesos del Ejecutivo, pero eso podría ser erosionado a tal punto que no se pueda recuperar ese equilibrio. Por lo tanto, los tribunales ahora tienen que avanzar y reafirmar su autoridad y cumplir con su papel de defender los derechos básicos. Pero esto va a tardar. Las consecuencias de estos últimos seis años se van a pagar durante un largo tiempo. Esto ha alterado y reajustado el poder dentro de esta sociedad. Los tribunales tienen que restablecer las prioridades de los derechos y libertades básicas ante las políticas adoptadas después del 11-S.

¿Y el futuro inmediato?

Si vamos a recuperar una democracia constitucional y el respeto a los derechos individuales ante el poder del gobierno, si eso va a florecer de nuevo, es una pregunta abierta y muy seria. Será una lucha prolongada.

¿Por qué no hemos visto una reacción popular masiva a este atropello de sus derechos básicos en Estados Unidos?

En gran medida es el temor, pero también es el poder de los medios. Cada vez que alguien cuestiona estas cosas, alguien cambia el color de la alerta anti terrorista. Si bien se tiene que tomar en cuenta las potenciales amenazas terroristas, también se tiene que tomar en cuenta las amenazas reales a nuestras instituciones democráticas. Los estadunidenses sí están inquietos con todo esto, y se expresa cada vez más por todo el país.