Juanjo BASTERRA

Hace unas semanas el Gobierno de Lakua, con el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga a la cabea, y el PSE, con José Antonio Pastor haciendo los honores fotográficos, firmaron un acuerdo que, según explicaron, reforzará la política social, muy alejada de la media europea y de los países punteros. No tardaron en responderles. Elkartzen, Ezker Abertzalea y ahora el resto de plataformas contra la exclusión social. Mientras unos pocos nadan en la abundancia y alardean de grandes beneficios y sueldos extraordinarios; otros, los pobres y excluidos, se quedan «helados» ante los recortes previstos en las prestaciones sociales para los próximos años.

Así lo denunciaron ayer ante la sede del Gobierno de Lakua en la Gran Vía de Bilbo los representantes de seis plataformas contra la exclusión social, que disfrazados de pingüinos y con varios frigoríficos llamaron la atención ante esta nueva «operación de imagen» de los responsables políticos.

Representantes de Argilan (Bilbo) Berri-Otxoak (Barakaldo), Denok Lan (Galdakao), las asambleas de parados de Barakaldo y Sestao y Txiroekin Bat Eginik (Gasteiz) explicaron que todavía en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa existen 37.000 familias que reciben ayudas de la renta básica porque no tienen acceso a un empleo digno, y, entre ellas, 26.000 se ven obligadas a percibir ayudas de emergencia social (AES) para hacer frente a necesidades básica como el pago de alquiler de vivienda.

Luisa García, portavoz de las plataformas, recordó que la reforma de la legislación contra la exclusión social «encubre» toda una amalgama de actuaciones de «recorte de las prestaciones sociales, sobre todo, en las condiciones de acceso a las ayudas de emergencia social, que «son necesarias para más de 26.000 familias, debido a que carecen de los ingresos suficientes para tener una mínimas condiciones de vida», precisó.

Quienes tienen dificultades para lograr una vida digna reconocen no sorprenderse de nada. Insisten en que detrás de cada aparición pública del Gobierno de Lakua y, en el último caso, del PSE, se encuentra «una puñalada» al centro del corazón de los más desfavorecidos. «Es un sinvivir. Unos y otros nos quieren hacer creer que mejorará nuestra vida, pero la realidad te devuelve a ese pozo insalvable en el que tenemos que vivir, mientras un día sí y otro también leemos las astronómicas cifras que ganan las empresas y los sueldos multimillonarios de algunos», según explicaron los concentrados, a la vez que recordaban que si se repartiesen «los sueldos de Francisco González (BBVA), Emilio Botín (Grupo Santander), Ignacio Sánchez Galán (Iberdrola), Xabier Irala (BBK) y otros muchos podríamos salir de la pobreza sin problemas».

Luisa García recordó ante los medios de comunicación que el acuerdo entre Azkarraga y Pastor «tiene mucho de propaganda electoral» y «poco de avance real para las personas más desfavorecidas de nuestra sociedad». Criticó que Gobierno de Lakua y PSE anunciaron una subida de la Renta Básica del 87% al 88% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), «porcentaje, que además de ser insuficiente, ya había sido aprobado en los presupuestos, pero lleva cuatro meses de retraso su aplicación». Las plataformas contra la exclusión social preguntaron a José Antonio Pastor, portavoz del PSE en el Parlamento de Gasteiz, «¿dónde queda la promesa de igualar la Renta Básica al SMI?» Criticaron con dureza esa situación y dejaron claro que «de todo lo que dijeron han ido matizándolo hasta quedar aparentemente en un aumento de la Renta Básica para los pensionistas que la cobran, pero otros miles se quedaran sin lograr la equiparación», precisó García. Tampoco tendrán acceso los menores de 23 años, aunque hay excepciones «que nada tienen que ver con la promesas».