Compitiendo con la resaca del partido del Valencia contra el Chelsea de la Champios League en Antena 3 -el programa más visto de la noche con 6.343.000 espectadores- y series de gran tirón popular como Los Serrano (4.172.000 espectadores) de Tele 5 y el doctor House (3.705.000 espectadores) en Cuatro, la 2 de TVE programó el martes el documental «El alma de los verdugos», una idea del juez Baltasar Garzón al que dio forma televisiva el periodista Vicente Romero. Se trata de una denuncia de la tortura y de los torturadores durante las dictaduras en Argentina y Chile en los años Setenta y Ochenta. El programa atrajo -según los audímetros- a 706.000 espectadores, un 4,3% de los que en esos momentos estaban sentados ante la televisión.

Expertos tiene el medio que sabrán juzgar la calidad televisiva del documental, pero para quien simplemente se dejó caer en el sofá se trató de una denuncia efectiva de una realidad por otra parte ya conocida por quien haya tenido una mínima sensibilidad política y social. Hubo denuncias directas de torturados, testimonios de torturadores arrepentidos y de algunos mandos del Ejército que justificaron los hechos en base a la «guerra irregular» contra la subversión que decían librar. Y hubo también preguntas, comentarios y opiniones del propio juez Garzón, que ejercía a un tiempo de inspirador del documental, de hilo conductor del reportaje, de entrevistador y de entrevistado en calidad de docta autoridad en la materia de perseguir a torturadores y genocidas argentinos y chilenos.

A lo largo de sus intervenciones salpicadas en la aproximadamente hora y media de programa -dos horas con los anuncios- Baltasar Garzón dejó clara su impresión de que los torturadores -o verdugos como se les denominaba en el reportaje- son una especie de burócratas del terror -cobardes se les llamó en más de una ocasión-, que ejercen su brutal actividad con un horario fijo y que concluída su jornada laboral vuelven a la normalidad de la vida de cualquier ser humano.

La impunidad como base

En opinión del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional española, «es la sensación de impunidad la que le permite [al torturador] quebrantar todos los límites y una vez que los pasas, es como una bola de nieve, ya no paras. No torturas más o menos. Torturas. Lo haces porque lo tienes que hacer».

La cuestión de la impunidad es también a los ojos de Baltasar Garzón, como se puede apreciar, uno de los elementos esenciales del mantenimiento de la tortura. Por lo tanto, cabe suponer que no se le habrá pasado por alto el informe elaborado por Amnistía Internacional hace menos de dos años y medio, en el que se señala textualmente que este organismo «ha venido expresando reiteradamente su preocupación sobre los distintos factores que reflejan la existencia de impunidad en relación con los procesos judiciales por violaciones de derechos humanos a manos de agentes encargados de hacer cumplir la ley. La organización es consciente de que los tribunales condenan a algunos funcionarios públicos por hechos que constituyen tortura y malos tratos, pero considera que la impunidad de hecho sigue siendo un problema en España».

A renglón seguido, se afirma que «entre los motivos de preocupación de Amnistía Internacional en relación con la impunidad destacan: la larga duración de los procesos por tortura y malos tratos, con periodos de incluso 15 y 20 años hasta la obtención de sentencia firme; el problema conexo de la prescripción del delito que dificulta la posibilidad de demostrar la comisión del delito; el mantenimiento del régimen de incomunicación; y la concesión de indultos a agentes condenados por tortura y malos tratos.

Amnistía Internacional también ha denunciado la imposición de sentencias nominales a agentes encargados de hacer cumplir la ley convictos de torturas y malos tratos, la laxa ejecución de las sentencias, así como la existencia de casos en que la sentencia de primera instancia refleja con mayor propiedad la gravedad del delito pero se ve reducida en apelación de manera sustancial a una pena no privativa de libertad.

Y, por si esto fuera poco, Amnistía Internacional añade que «algunos policías con antecedentes penales o con procedimientos disciplinarios pendientes no sólo han continuado ejerciendo como funcionarios públicos en actividades que exigían respeto a los derechos humanos, sino que además ha habido casos en los que se ha premiado con ascensos a agentes después de ser condenados por un delito de tortura. Esto contraviene los Principios de Joinet, y en concreto el principio 37 que establece que los estados deben destituir a los agentes del estado implicados en los procesos de violaciones graves de los derechos humanos».

Garzón, implicado

La impunidad de los torturadores no es, por tanto, algo que afectara sólo a las dictaduras del Cono Sur americano sino también al Estado español. Pero las denuncias -y las condenas- tampoco son únicamente generales, también apuntan directamente al coautor del reportaje Baltasar Garzón..

En vísperas de los Juegos Olímpicos de Barcelona se desarrolló en Catalunya la llamada «Operación Garzón» que se saldó con la detención por parte de la Guardia Civil de una treintena de personas, la mayoría de ellas vinculadas al movimiento independentista catalán. Su militancia provenía de diferentes organizaciones: Moviment de Defensa de la Terra, Catalunya Lliure, Esquerra Republicana de Catalunya, Partit dels Comunistes de Catalunya, Comitès de Solidaritat amb els Patriotes Catalans, etc. Tras los JJOO hubo otras ocho detenciones. Muchos de los arrestados denunciaron haber sido sometidos durante los interrogatorios a torturas como la bolsa, golpes por todo el cuerpo, amenazas con electrodos y simulacros de ejecución. Algunos intentaron suicidarse.

El caso llegó hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, que en sentencia de 2 de noviembre de 2004, señaló que debido al tiempo transcurrido -doce años- y a la falta de informes médicos adecuados, no podía probar la existencia de las torturas, pero sí afirmaron que tampoco tenían la convicción de que la investigación de las denuncias hubiera sido «los suficientemente profundas y efectivas para cumplir con las exigencias» de los tratados internacionales. Y esto implicaba también a Baltasar Garzón que, según los demandantes, «tras las denuncias formuladas ante el Juzgado Central de Instrucción núm. 5, debieron ser sometidos a un reconocimiento médico profundo. Dicho juzgado se limitó a solicitar a la médico forense, L. L. G., un simple informe, y no un verdadero dictamen pericial sobre los malos tratos alegados». Además, la sentencia constata que «el 20 de mayo de 1997 -casi dos años después de las denuncias- la Audiencia Nacional no había dado curso a la decisión de remitir a los tribunales competentes las alegaciones de malos tratos». Por todo ello, el Gobierno fue condenado a indemnizar a los recurrentes.

Esta vez funcionó Europa. Porque en el Estado español y de sus tribunales se cumplió la premisa expuesta por Garzón en el documental de que «el torturador tortura porque tiene la capacidad que le da el poder de hacerlo. En otra situación no lo haría jamás». Pero el juez hablaba de Argentina y Chile.