La denuncia que ayer hizo en rueda de prensa el grupo parlamentario Ezker Abertzalea de la utilización de las torturas relatadas por los últimos detenidos en Euskal Herria no debería quedar en mera anécdota. En un estado de Derecho es exigible que sus instituciones, así como los partidos que participan en ellas, muestren especial celo ante las posibles vulneraciones de derechos humanos, y con mayor diligencia si éstas procedieran de alguna de esas instituciones. Ante una denuncia de torturas, inmediatamente deberían ponerse en marcha las investigaciones pertinentes para sancionar el delito si lo hubiera o, en caso contrario, para no dejar lugar a la menor duda sobre ese tipo de prácticas. No ha ocurrido así tampoco tras las últimas detenciones y la sombra de una duda más que razonable, que en Euskal Herria se alarga desde hace muchos años, planea sobre ciertas instituciones del Estado. La actitud de la mayoría de los partidos no es compatible con los derechos humanos que dicen defender. PSOE y PNV en esta ocasión han ido más allá del mirar hacia otro lado, haciendo uso partidista de un asunto de máxima gravedad. En el caso del PNV, además, deja en evidencia su postura contraria a las ilegalizaciones y a la prohibición de que la izquierda abertzale participe en las elecciones municipales y a Juntas Generales.