Las sucesivas reformas laborales sólo han beneficiado a los empresarios
Las sucesivas reformas sólo han sido eficaces para los empresarios, que han conseguido abaratar el despido y reducir el pago de cotizaciones sociales, a la vez que han logrado mayores bonificaciones económicas para la contratación. No ha mejorado, sin embargo, la calidad del empleo. Así se desprende de un trabajo realizado por la profesora de la UPV-EHU Isabel Otxoa para ELA. Los empresarios han logrado esas ventajas con la «connivencia" de CCOO y UGT.
Juanjo BASTERRA
Hace 23 años se iniciaron las reformas laborales, cuatro años después de aprobarse el Estatuto de los Trabajadores. En ese espacio de tiempo se han sucedido reformas y modificaciones de la legislación laboral. Se pactaron con el PSOE y con el PP, no hay color que los divida en esas iniciativas. CCOO y UGT apoyaron la mayoría de ellas. Quienes nunca han faltado a la cita han sido los empresarios. Han rubricado todas. La razón es evidente y se sintetiza en el título del documento: «El recorte de derechos en las reformas laborales», elaborado por la profesora de la UPV-EHU, Isabel Otxoa, que ha sido publicado por la Fundación Manu Robles-Arangiz, que pertenece a ELA.
En ese trabajo, Otxoa realiza una retrospectiva de lo que han sido y son las reformas laborales que se han aplicado en el Estado español. Tiene actualidad, porque también analiza la última, firmada en mayo de 2006 en Madrid entre el Gobierno español, las patronales CEOE y Cepyme y los dos sindicatos españoles CCOO y UGT, con el rumbo puesto en la obtención de empleos de calidad, eje también de las anteriores reformas y que fueron un fracaso. La tasa de temporalidad en el mercado laboral vasco no se ha reducido en el segundo semestre de 2006; por el contrario, aumentó.
Más temporalidad
El dato lo dio a conocer esta semana la secretaria general adjunta de LAB, Ainhoa Etxaide, ya que la tasa de temporalidad en Hego Euskal Herria a finales de 2006 se situó en un 29,2%, mientras que un año antes no rebasaba el 28%.
«La reforma laboral de 2006 constituye el último gran fraude urdido por UGT y CCOO en el marco estatal de diálogo social, un ámbito en el que la actitud entreguista de estos sindicatos tan sólo puede conducir a garantizar la paz social, pero no a mejorar la calidad del empleo», según indica LAB.
Adolfo Muñoz, responsable de Negociación Colectiva de la Ejecutiva de ELA, incide en que el propósito real de todas las reformas, que se han puesto en marcha desde la década de los ochenta del siglo pasado, «es debilitar a la clase trabajadora otorgando más poder a los empresarios» y añade que «el sindicalismo representado por CCOO y UGT decidió hace mucho tiempo que iba a acompañar al poder político y económico en este viaje, sin importarles la evolución de la economía y cómo se distribuye la riqueza, y sin sacar conclusiones del tremendo deterioro de las condiciones de trabajo».
La profesora Isabel Otxoa reconoce en el documento el deterioro que se ha producido en el mercado laboral vasco. «Es el período en el que los principios neoliberales han tenido un empuje extraordinario» y, como añade, «al Estatuto de los Trabajadores se le ha exigido ponerse al servicio de una empresa en proceso continuo de ajuste, que requiere la máxima flexibilidad en la gestión de la fuerza de trabajo».
También reconoce que en estos veintitrés años las reformas han utilizado diferentes pretextos con el fin de eliminar derechos a la clase trabajadora. «Las primeras, para hacer frente a la crisis económicas y combatir el desempleo. Con el paso del tiempo, las posteriores reformas plantean ya la flexibilidad como única fórmula asumible para los empleadores, exigencia que de no satisfacerse traería como resultado la deslocalización a aquellos lugares en los que las leyes laborales ponen menos trabas a la búsqueda del beneficio empresarial». En los últimos trece años, las empresas han obtenido los mayores beneficios de su historia.
El documento, publicado por la Fundación Manu Robles-Arangiz, destaca que el resultado final de esa presión, ejercida por la patronal ante los gobiernos y los sindicatos CCOO y UGT, ha servido para «desregular las relaciones laborales, pasando del terreno de la ley, estructurada en el Estatuto de los Trabajadores, al de los convenios colectivos, que asumen la facultad de determinar las condiciones de trabajo, con la posibilidad de pactar retrocesos en los derechos anteriormente adquiridos», precisa Isabel Otxoa.
Tal es así, que reconoce que «se ha suprimido» la intervención administrativa; la Inspección de Trabajo «ha ido recortando su papel de autoridad en el control de las relaciones laborales»; y se han derivado las denuncias «a la vía judicial, lo que significa devolver la carga de la reclamación a las personas víctimas de irregularidades, que generalmente tienen una posición débil que les impide demandar».
«Sometimiento»
Otxoa explica que «la falta de estabilidad en el empleo no es sólo inseguridad económica. La precariedad coloca al trabajador en situación de especial sometimiento frente a la empresa durante su relación laboral».
La profesora de la UPV-EHU advierte que la modificación de la contratación laboral ha estado presente en todas las reformas y, al contrario de lo que ha perseguido, «no se ha estabilizado el mercado laboral», sino que han surgido fórmulas como la prestación de servicios, empresas de trabajo temporal, personal becario, contratos en prácticas, falsos autónomos, etc que han desestabilizado la actividad. «Cadas persona con contrato temporal tiene un promedio de cinco contratos al año», precisa, por lo que «de estabilidad nada de nada». También recuerda que a lo largo de las reformas, los trabajadores han visto que su despido le sale más barato al empresario. «En 2006, la reforma avanza en la reducción de las indemnizaciones por despido. En los contratos de fomento del empleo, que se aplican a todos los desempleados que son contratados tienen bonificaciones, por lo que el despido puede llegar a salir gratis a la empresa», precisa Otxoa.
Otra vía para pagar menos por parte de los empresarios se encuentra en la nueva regulación de las causas de despido objetivo, lo que empeora las causas anteriores, ya que puede ser despedido por «causas objetivas: económicas, técnicas, organizativas o de producción» y con una indemnización de 20 días por año trabajado.
Saltarse la legislación
Recuerda que la propuesta de las última reforma de que se hará fijos a aquellos trabajadores que «durante un período de 30 meses hayan estado 24 de ellos ocupando el mismo puesto» es una fórmula que provocará una mayor intervención de las ETT y una mayor rotación laboral. «Las personas que en la fecha de la reforma se encontraban trabajando con contratos temporales no conseguirán la fijeza, salvo en el caso de que se les haga uno nuevo temporal, independientemente de cuántos años hayan estado en esa situación».
El trabajo recuerda que las empresas de trabajo temporal (ETT) han ido consiguiendo más facultades y, aunque en 1999 se limitó su uso y se adecuaron las condiciones económicas de los trabajadores a las de la empresa usuaria, «ya no tienen limitaciones en el ámbito laboral».
En la contratación a tiempo parcial, el documento señala que «no hay condiciones para frenar esta contratación precaria». No se regula «de forma definitiva la abusiva subcontratación» y establece «recortes en la incapacidad temporal».
La mayoría de las reformas practicadas desde hace veintitrés años han estado apoyadas por CCOO y UGT, además del Gobierno español, bien sea del PSOE o del PP, y la patronal, que es la que más ventajas ha obtenido, aunque las centrales sindicales han logrado cerrar la presión sobre el control de sus cuentas de la formación continua.
El coste de la última reforma laboral rondará los 4.000 millones de euros anuales, según las diferentes fuentes contrastadas. No sólo se compensa a los empresarios con una desregulación del mercado de trabajo, sino que por contratar de forma temporal y con empleos de baja calidad se les otorgan ayudas económicas importantes que saldrán de las arcas públicas. Se subvenciona a los empresarios, que están logrando enormes beneficios, con el apoyo de la Administración pública y los sindicatos CCOO y UGT. También se les exime del pago de impuestos a las haciendas forales y, si no es suficiente, les han reducido el Impuesto de Sociedades para que paguen menos por los beneficios que obtienen.
En 2006, el Gobierno español calculó que destinaría 870 millones a la conversión de contratos temporales en fijos, a los que hay que añadir 2.700 millones para incentivar la contratación, lo que unido a otras exenciones y bonificaciones eleva a casi 4.000 millones el coste anual de la reforma en los tres próximos años. Se sufragará con aportaciones del INEM, del Fondo de Garantía Salarial y de la Seguridad Social
Las primeras reformas combatieron, en teoría, la crisis económica y el paro, las posteriores firman la flexibilidad para que los empresarios logren aumentar sus beneficios económicos. En los últimos trece años han logrado los mayores resultados positivos de la historia empresarial.
Los empresarios han obtenido una mayor desregulación del mercado laboral, lo que les permite tener un poder directo sobre la mano de obra, que es temporal y que se desmoviliza ante la posibilidad de ser despedida a un coste muy bajo.
La reforma de 2006 permite a las empresas de trabajo temporal tener un mayor control en la contratación laboral en las empresas. Se les otorga un mayor protagonismo, para evitar tener que hacer fijos a los nuevos trabajadores.
El documento de Isabel Otxoa «El recorte de derechos en las reformas laborales» desvela que el pacto de 2006 «contiene una disposición que nada tiene que ver con la lucha contra la temporalidad del empleo, sino con la financiación de los agentes sindicales y patronales, que gestionan la formación continua».
El informe reconoce que la disposición adicional quinta introduce «un privilegio para las entidades beneficiarias de los fondos», ya que «les libera de la obligación de cumplir con la Ley General de Subvenciones, que exige tres presupuestos para cada acción subvencionable de cuantía superior de 12.000 euros, y justificar el motivo por el que no se adjudica la prestación a la oferta económica más ventajosa». Según Otxoa, «los contratos para realizar actividades formativas están libres de cumplir ese requisito, lo que supone ampliar las facilidades para la corrupción en la gestión de los fondos de formación». Este tema trae de cabeza a CCOO y UGT, dado que han tenido denuncias por la utilización interesada de los fondos económicos y de los «negocios» al margen de la actividad sindical.
Un grupo crítico de UGT de Madrid explica en un artículo en su página «www.laotrafsp.com» «los negocios de CCOO y UGT: de la formación a seguros y pensiones». Indica que «las triquiñuelas en la formación continua sorprenden a pocos», pero advierte que existen otras facetas «menos conocidas y tan rentables como la primera». Desvela que CCOO «es accionista de la multinacional de seguros Atlantis, en la que posee el 5% de su accionariado. A finales de 2006, UGT vende a Atlantis el 80% de la aseguradora ASP (Aseguramiento en Seguros y Previsión) de la que es el único accionista y adquiere el 5% de Atlantis, con lo que se convierten en socios preferentes de la multinacional». Atlantis salió a la luz con las irregularidades cometidas en Babcock en el anterior expediente de regulación, ya que la aseguradora se quedó con una comisión «del 1% del conjunto del plan de externalización del plan de prejubilación, valorado en 90 millones». En la actualidad se negocia otro plan de prejubilaciones. GARA se puso en comunicación con el sector crítico y le advirtieron de que en Volkswagen podría gestionar el plan de prejubilaciones.
