La consulta popular se centra en una sola pregunta a la que los ciudadanos deberán responder «Sí» o «No»: «¿Aprueba usted que se convoque e instale una Asamblea Constituyente con plenos poderes, de conformidad con el Estatuto Electoral que se adjunta, para que transforme el marco institucional del Estado y elabore una nueva Constitución?». Si ganase la opción afirmativa, se procedería a constituir una asamblea con plenos poderes que estará integrada por un grupo de legisladores que serán elegidos a través de un estatuto que pondrá en «igualdad de condiciones» a los ciudadanos y a los partidos políticos. Estos asambleístas serán los encargados de reformar la actual Constitución.

Este ha sido el proyecto que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, ha promovido desde que comenzó su campaña presidencial el año pasado y que ha generado enormes controversias, ya que los detractores aseguran que se le estará dando toda la facultad para «moldear el país a su manera», ya que los tres poderes estarán sometidos a la autoridad de la Constituyente. Evocan la experiencia de Venezuela cuando el presidente Hugo Chávez instauró en 1999 una asamblea en la que reformó completamente la estructura política, económica y administrativa del Estado para reivindicar el «socialismo del siglo XXI».

Correa ha replicado que «han pretendido confundir y crear temor» al señalar que los plenos poderes significa que el Gobierno podrá entonces «atentar contra la propiedad privada, contra derechos fundamentales de la familia y los seres humanos», lo cual el califica como algo «absurdo» pues la esencia de esta iniciativa es corregir los «defectos substanciales de la Constitución como su carácter patrimonialista y corporativista».