Cuando desde determinadas instancias políticas y mediáticas se afirma que «se ilegalizó Batasuna y no pasó nada» es evidente que no se está haciendo un análisis objetivo de la realidad. Lo más certero sería decir que se ilegalizó Batasuna, el Estado se dejó arrastrar por la ceguera represiva del Partido Popular, y hoy lo está pagando con enfrentamientos abiertos en su propio seno. La Ley de Partidos y sus derivadas han demostrado ser, por ejemplo, un obstáculo enorme para el arranque del proceso de normalización democrática de Euskal Herria. Pero, además, se ha convertido en un arma arrojadiza contra el propio Gobierno español que, no contento con ser lapidado diariamente por el PP y sus adláteres con los supuestos incumplimientos de la Ley, ha decidido también, por su propia voluntad, colgársela al cuello como lastre y ponerse, en vísperas de elecciones, a hacer piruetas antidemocráticas al borde del precipicio.

Y tampoco se puede olvidar que la Cruzada anti independentista lanzada en tiempos de Aznar por el llamado Pacto Antiterrorista se ha vuelto, finalmente, en motivo de enfrentamiento entre fiscales y jueces de la Audiencia Nacional, en el seno mismo del CGPJ y también, como se ve ahora, entre el Tribunal Supremo y el juez Baltasar Garzón. Mejor harían en devolver las sociedades populares a sus dueños.