El Gobierno de Alvaro Uribe mantiene una doble estrategia en relación a las organizaciones armadas que operan en Colombia. De una parte, el diálogo iniciado en 2005 bajo los buenos oficios de Cuba parece abrir una posibilidad de acuerdo, que deberá en todo caso confirmarse en fechas próximas. Bogotá parece dispuesto a aceptar la propuesta de «alto el fuego experimental», de carácter bilateral, planteada por la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), aunque el escollo se sitúa en la exigencia gubernamental de que se produzca una concentración de los efectivos del ELN en zonas concretas, iniciativa que a juicio de la veterana guerrilla equivaldría a «aceptar un suicidio». El Gobierno Uribe, recórdemoslo, buen amigo del ex presidente español José María Aznar, ha mostrado una cierta flexibilidad en esa exigencia de acantonamiento, lo que permite albergar esperanzas respecto al entendimiento entre las partes. Sin embargo, ese avance en la senda de la paz contrasta con los reveladores datos de complicidad política y personal de Uribe con los paramilitares, causantes del 60% de las 4.000 muertes de militantes de la izquierdista Unión Patriótica.