Los ministros de Justicia de la UE acordaron ayer que que la incitación al racismo y la xenofobia sea considerada delito en todos los países comunitarios, aunque con garantías en aquellos donde la libertad de expresión permite esas manifestaciones. Fijaron penas de entre uno y tres años de prisión para las incitaciones a la violencia contra grupos por su origen étnico, nacional, racial o religioso, así como para la negación o trivialización de los crímenes contra la Humanidad o los genocidios reconocidos por tribunales internacionales.