Atención, navarros y navarras. No exageramos si advertimos que probablemente nos encon- tremos ante la mayor apropiación indebida de la historia de Navarra, después de la propia conquista del Reino; la privatización del mayor patrimonio comunal urbano de Navarra, esto es, las iglesias y ermitas de todos los pueblos, que encierran una riqueza inmensurable en su mobiliario.

Cualquiera que se adentra un poco en los archivos de cualquier pueblo descubre de inmediato dos cosas: una, el enorme esfuerzo hecho por los vecinos para la construcción y sostén de sus iglesias, retablos e imágenes. Y dos, la meticulosa contabilidad que existe sobre ello en todos los archivos navarros. Durante siglos, fueron los vecinos, reunidos en Concejo, «a sono de campana en la manera usada y acostumbrada», quienes nombraban los oficios del año: sacristanes, campaneros, almosneros y bacineros de las iglesias. Elegían los curas y decidían las obras. Con el Diezmo (uno de cada diez corderos, horcas de ajos, robos de trigo, ordio o centeno, cántaros de vino, etcétera) se pagaba el mantenimiento del clero. Con la Primicia, (una parte de cada cuarenta) se mantenían las obras y las compras de las iglesias; desde la más altiva campana hasta el más escondido copón. Los archivos de todos nuestros ayuntamientos rezuman sangre, sudor y lágrimas de cuanto costó a nuestros antepasados levantar las torres y el arte sacro que hoy en día adorna nuestros pueblos.

Si el Diezmo iba directamente a los curas, la Primicia la administraba el propio Ayuntamiento, por ser el patrono y dueño de las Iglesias. En ocasiones, si apretaba la nece- sidad, el Ayuntamiento o el Concejo la usaban para otros menesteres.

La contabilidad es minuciosa: 5.114 ducados pagó Tafalla en 1592 por el retablo de Ancheta. En seis mil ducados y 150 cántaros de vino se presupuestó la gran reforma de Santa María de 1730. El reloj de la torre costó 210 pesos de los de 1799. En todos los pueblos encontraremos facturas similares. Ni qué decir de los santos más queridos, como el Patrono San Sebastián, defendido a tortas por los vecinos frente a los franciscanos que quisieron apoderarse de él.

A mediados del siglo XIX se suprimió el Diezmo y la Primicia, pero los vecinos y los ayuntamientos, y el Gobierno de Navarra en muchos casos, siguieron manteniendo las iglesias, en muchos lugares hasta hoy día. En auzalán se siguen arreglando todos los días los edificios, porque todo el pueblo, creyente o no, sabe que es un bien comunal de uso público.

Esta es la historia de la inmensa mayoría de las iglesias, parroquias, casas curales y ermitas que tenemos, propiedad indiscutible de los pueblos que las encargaron y pagaron. Generalmente, como muchos de los bienes concejiles, todo estaba sin inscribir, salvo alguna excepción, como la ermita de San Gregorio, que siendo concejal quien esto firma, la inscribió a nombre del Ayuntamiento. Nadie protestó por ello: de sobra se sabía que el Ayuntamiento la había construido en 1574.

Recientemente, y por casualidad, preguntamos en el Registro de la propiedad por el estado registral de las iglesias de Tafalla. !Menudo susto! Las dos parroquias de Tafalla, Santa María y San Pedro, estaban recién inscritas a nombre del Obispado en febrero del 2006, por la irrisoria cantidad de 190.335 euros, cifra inferior al valor de un solo metro del retablo de Ancheta. Por algo más habían registrado un mes antes la basílica de Ujué: 219.000 euros.

Seguimos indagando en los registros y comprobando más y más privatizaciones recientes: San Saturnino del Cerco de Artajona, el Cristo de Catalain, Santa María de Pueyo, San Martín de Garinoain, San Miguel de Larraga, San Pedro y Santa María de Olite, las iglesias baztanesas de Arraiotz, Almandoz, Ziga, Amaiur, Oronoz... Las inscripciones son a mansalva pues las iglesias de Leiza, Huarte Arakil, Lekunberri y otras más lo fueron el mismo día: 29 de junio del 2004. Las iglesias de San Nicolás y San Lorenzo de Pamplona también lo fueron a la vez, en 2003. Más reciente aún es la Catedral de Pamplona, que ha pasado a ser propiedad del Obispado en mayo del año pasado.

En todos los casos el procedimiento legal es el mismo: basándose en los artículos 206 y 207 de la Ley Hipotecaria, la Diócesis afirma que es dueña de la finca «desde tiempo inmemorial» (lo cual es mentira, pues hay harta memoria escrita) «no contando inscrita a su nombre ni al de ninguna otra persona»; lo que sí es cierto, porque es de uso vecinal, como tampoco están registrados en la mayoría de los pueblos los montes comunales, las calles y plazas, los cementerios y hasta las casas consistoriales. Pero de eso no se deduce que sean de la Iglesia. La propia ley estipula que se debe expresar «el título de adquisición o el modo en que fueron adquiridos» cosa que en pocos casos puede hacerlo, y por eso recurren a la ambigüedad de lo «inmemorial», lo cual, insistimos, es falso de toda falsedad.

Todas ellas son adquiridas de pleno dominio y bajo el título de «prescripción adquisitiva» y apelando a las cédulas catastrales a favor del Obispado emitidas por el Departamento de Riqueza Territorial del Gobierno de Navarra. La ley estipula dos años para posibles reclamaciones de terceros, por lo que muchas iglesias todavía podrían recuperarse con una decidida intervención de los ayuntamientos.

No inventamos nada: lo hemos visto ya en muchos lugares. Asentado el título de propiedad, la Iglesia será dueña y señora de nuestras iglesias, y gestora del arte, de los retablos. ¿Que un ayuntamiento quiere seguir celebrando conciertos o actos culturales en los templos? Pronto se toparán con una tarifa de alquiler. ¿Que alguien quiere contemplar el retablo de Ancheta o visitar a la Virgen de Ujué? Pase por favor por taquilla. ¿Que quieren pasear al santo patrono? Bueno, negociemos... No bromeamos: tres euros cuesta, desde el mes pasado, entrar en la catedral de Tudela. ¿Que el Gobierno recorta las aportaciones a la Iglesia? Pues se venden unos cuantos templos y retablos o se deja su gestión a cualquier empresa privada; ligada al Opus preferentemente. ¿Alguien duda de que lo harán? Son ahora los dueños legales y la simonía no es pecado que se inventara ayer.

El uso comunal de las iglesias, tan arraigado en nuestra tradición, era posible porque había memoria de que pertenecían a los pueblos. De privatizarlas, debe ser a nombre de quienes las levantaron, esto es, los pueblos y sus ayuntamientos. El usufructo que la Iglesia haya hecho de las mismas no le da ninguna autoridad moral para inscribir a nombre de una institución privada el mayor patrimonio monumental y artístico de Navarra. El escándalo no puede tener otro nombre: Monumental. Una inmoralidad disfrazada de legalidad.

La situación es muy grave y la respuesta que requiere excede con mucho las posibilidades de nuestro grupo cultural. Se trata de una privatización gigantesca de valor incalculable. Instituciones políticas y organismos ciudadanos deben tomar cartas en el asunto.

Urge invertir este proceso de privatizaciones y que sean los ayuntamientos los que inscriban las iglesias a nombre de los pueblos, apelando a una propiedad (no vagamente «inmemorial», sino bien datada) que ellos sí pueden demostrar. Urge que en los pueblos que ya les han inscrito las iglesias, se inicie el proceso judicial para su recuperación. Urge al Parlamento abrir una investigación que demuestre esta propiedad secular de los pueblos de Navarra, e impida su inscripción en los catastros y su posterior privatización. Urge recabar información del resto de territorios para ver si esto es una maniobra generalizada o se debe sólo a las peculiaridades de Navarra, donde parece que el abandono ante los poderes ocultos parece mayor.

Y urge sobre todo que los ciudadanos nos movamos, para lo cual, convocamos a todos los interesados a una reunión que celebraremos el 4 de mayo, en Tafalla. Os esperamos.