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Aitor Balda e Igor Uriarte Representantes de Elkartzen

Contra las imposiciones y la precariedad, paremos el TAV

Nos dicen que en Euskal Herria cada vez se genera más riqueza. Y es cierto. Lo que nos ocultan es que esa riqueza no se reparte con criterios de justicia social y que revierte en unas pocas manos Uno de los ejemplos más evidentes de falta de democracia y transparencia es el proyecto del Tren de Alta Velocidad

El proceso por el que las élites económicas con el amparo de instituciones y políticos profesionales están guiando el recorte de los derechos de la clase trabajadora en Euskal Herria a golpe de ley sigue su curso: Ley del Suelo, de dependencia, bajada de Impuesto de Sociedades, acuerdos para recortar la ya de por sí escasa cobertura social a través de reformas...

Esta dinámica está provocando una fuerte dualización de la sociedad, de manera que mientras una minoría aumenta sus beneficios exponencialmente, una parte cada vez más importante de la población está siendo sometida a un fuerte proceso de precarización por el que derechos como la vivienda, unos ingresos dignos por encima del umbral de la pobreza o prestación, o la participación social activa nos están siendo negados.

Ibarretxe y Sanz nos dicen que en Euskal Herria cada vez se genera más riqueza. Y es cierto: en Hego Euskal Herria el año pasado se experimentó un crecimiento del producto Interior Bruto superior al 3,9%. Lo que nos ocultan es que esa riqueza no se reparte con criterios de justicia social y que revierte fundamentalmente en unas pocas manos, mientras aumentan las situaciones de precariedad (casi 900.000 personas viven con menos de 804 euros al mes). El PNV, junto a la derecha española de UPN y el PP lideran este proceso de precarización en Araba, Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa Garaia. UMP junto al PSF hacen lo propio en Lapurdi, Nafarroa Beherea y Zuberoa. Eso sí, partidos como PSE, IU y EA colaboran estrechamente en este proceso.

Pero quizás lo más grave es el procedimiento mediante el que se nos precariza a golpe de ley, plan y reforma. Este proceso lo están llevando a cabo sin contar con la población, con la coartada de que cada cuatro años se vota y que esos «representantes» pueden hacer y deshacer a su antojo. Y todo esto mientras los responsables de esta actuación se llenan la boca con la palabra democracia. Sin embargo, esta forma de hacer las cosas no tiene nada que ver con la democracia participativa, en la que se debería de dar protagonismo a los actores sociales y a la población. Esta tendencia a la ausencia de transparencia y democracia se está generalizando en las diferentes instituciones, de manera que están blindando este proceso de precarización a golpe de ley. Están tratando de neutralizar cualquier tipo de oposición a través de legislación, control y represión.

Uno de los ejemplos más evidentes de esta falta de democracia y transparencia es el proyecto del Tren de Alta Velocidad. Diversas consultas populares en diferentes municipios y concejos afectados por las obras han reflejado el desacuerdo de la población de estas localidades con la ejecución del proyecto. Recientemente una encuesta realizada por AHT Gelditu! Elkarlana y avalada por diferentes docentes universitarios ha concluido que la población de Euskal Herria no tiene suficiente información sobre este proyecto, y que en los casos en los que sí está documentada la oposición al proyecto crece.

Además de suponer una imposición, este proyecto trae consigo la aceleración del proceso por el que el capitalismo más salvaje se abre camino en Euskal Herria a base de recortar derechos sociales y laborales y de precarizar y empobrecer a la población. Esta infraestructura supone un despilfarro económico brutal, ya que con los 6.000 millones de euros (a los que hay que añadir el gasto que supondrán el tramo de Nafarroa Garaia y el de Lapurdi) se podrían rehabilitar la inmensa mayoría de las 255.263 viviendas vacías que existen en Euskal Herria que necesiten reformas y destinarlas al alquiler social para atajar el problema de acceso a vivienda de una parte importante de la población; o se podrían completar hasta el umbral de la pobreza las pensiones y prestaciones de miseria que conceden las instituciones; o se podría invertir en un verdadero sistema público de sanidad, de educación, de servicios sociales...

Por lo tanto, es la hora de exigir la paralización de este proyecto por antidemocrático y antisocial. Es el momento de demandar una verdadera democracia que permita a la población de Euskal Herria decidir cómo quiere que sea su futuro. Es la hora de levantar un muro contra la precarización, el recorte de derechos sociales y la imposición. Es la hora del reparto de la riqueza. La hora de la movilización y la lucha...

El sábado tenemos una importante cita en Bilbo, por los derechos sociales y laborales, la defensa de la tierra, por la demo- cracia participativa, que son las claves para hacer frente a estos ataques y dar pasos hacia un sistema verdaderamente democrático y basado en la justicia social.

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