La Cámara Federal de Buenos Aires dio un nuevo paso, al anular los indultos de 1990, cara a erosionar ese hasta la fecha inexpugnable búnker de impunidad en que se han refugiado durante tres largas décadas los dictadores argentinos. El perdón otorgado por el entonces presidente Carlos Ménem ha sido revocado en consonancia con lo actuado dos años antes cuando se derogaron las ominosas leyes del punto final.

No hay duda de que esta reparación tardía no puede compensar el daño causado, tampoco el insulto a millares de víctimas por los sucesivos gobiernos argentinos que, temerosos del enorme poder de los militares, levantaron el pie del acelerador en la persecución de crímenes de lesa humanidad. Videla, Massera y el resto de los mandos militares que gestionaron un régimen de terror que causó la muerte-desaparición de al menos 30.000 argentinos han perdido el manto protector del indulto. Todavía queda un largo camino por recorrer para arrojar luz definitiva sobre la era de las dictaduras, pero sin duda el punto final a las leyes de punto final es el mejor acicate para quienes trabajan por un orden social y político nuevo en América Latina.