El Friendship constituido en el Parlamento Europeo en apoyo al proceso abierto en Euskal Herria recordó ayer que en otros procesos desarrollados en lugares como Irlanda «todas las posiciones políticas han sido respetadas» y que ningún partido político ha sido ilegalizado, algo que consideraron «crucial» en el camino de alcanzar una solución.

En rueda de prensa, el parlamentario de ERC Bernat Joan i Mari y su homóloga letona Tatjana Zdanoka, denunciaron la posibilidad de que en los próximos comicios «una parte de la sociedad vasca pueda ver denegado su oportunidad de expresarse políticamente» y explicaron que la Ley de Partidos española ilegaliza partidos «no por cometer actos de violencia, sino por sus ideas». GARA

Pese al impulso dado por la Fiscalía y la Abogacía del Estado a la actuación contra ASB o la investigación de las plataformas y de ANV, responsables del PSOE en Euskal Herria y Madrid trataron ayer de marcar distancias respecto a esta decisión. En ello coincidieron, por ejemplo, el secretario general del PSE, Patxi López, y el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

López argumentó en un acto en Portugalete que «hay hechos y realidades que corresponde a la Justicia, y a nadie más, valorar». Y esgrimió que es «el Estado de Derecho» quien «trabaja para que nadie cometa fraudes de ley».

Anticipó además que está convencido de que «a la izquierda abertzale se le está pasando el arroz, de manera que si no hace ahora lo que tiene que hacer y no se aleja, no se desvincula, no rechaza el terrorismo y la violencia, tendrá que callar para siempre porque otra gente le tomará el relevo en su propio espacio político».

En Madrid, preguntado por cuál será la actitud del Gobierno del PSOE ante las listas que entienda como «sospechosas», el ministro del Interior alegó que es al Tribunal Supremo y no a su ministerio a quien compete «valorar la información» que aportan las diferentes policías que están a su cargo.

En cualquier caso, insistió en que «sí, llegaremos a tiempo», en el caso de que se determine pedir la impugnación de candidaturas, que debería hacerse efectiva el miércoles y el jueves de la próxima semana y resolverse en el Supremo antes del sábado. «Es verdad que son muchas, que son cientos de listas, pero llegaremos a tiempo». Informaciones de agencias aseguran que se están mirando cerca de 800 planchas de candidatos, lo que supone que entre ellas estarían todas las que llevan las siglas de Sozialista Abertzaleak, pero también las de ANV y decenas y decenas de listas independientes.

Rubalcaba insistió también en quitarse de encima responsabilidades cuando se le preguntó si no se consideraba la posibilidad de actuar directamente contra este partido, inscrito en el registro hace tiempo sin ningún problema: «No voy a entrar en una disquisición que ni me corresponde ni puedo abordar, porque no soy jurista y ésta no es mi tarea», dijo. Posteriormente, fuentes de la Fiscalía descartaron la opción de tratar de ilegalizar a ANV, pero mantienen la amenaza contra algunas de sus candidaturas.

Todos estos portavoces del PSOE salieron básicamente al paso de las constantes apelaciones del PP para que se actúe contra todo tipo de listas. Los dirigentes de este partido iniciaron ayer una revisión de candidaturas una por una y aseguran que acudirán a los tribunales por su cuenta si no les satisface la actuación que adopte finalmente el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Al respecto, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Diego López Garrido, replicó que «no vale la mera imaginación o presunción». «Hay que dejar tiempo para estudiar con rigor estas candidaturas y otras, y mirarlo y llegar a conclusiones. Si hay constatación, eso se va a impugnar, no hay duda», prometió a los dirigentes del PP. GARA

El juez Baltasar Garzón dictó ayer una providencia en la que demanda al director general de la Policía española y la Guardia Civil, Joan Mesquida, la elaboración de «un solo informe» que unifique los datos ya aportados a su juzgado por ambos cuerpos policiales sobre ANV; el objetivo sería saber si existe vinculación o no de la histórica formación abertzale con Batasuna. Justifica su decisión en el hecho de que, tras recibir sendos informes sobre este asunto de manos de la Guardia Civil y la Policía, ha detectado «divergencias» que considera deben ser aclaradas. Mesquida tiene de plazo hasta mediodía de mañana para presentar ese escrito unificado.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional solicitó información sobre Acción Nacionalista Vasca a petición de Dignidad y Justicia, y ahora, en su providencia, ha redactado 18 cuestiones para que las FSE las cumplimenten aportando «datos y elementos en los que se base la información, debidamente contrastados». La primera de ellas, referente a si ANV «ha sido creada por ETA o dirigida por ésta antes de 2001», sobre la que también inquiere si es «un instrumento de ETA-Batasuna» y si «se inserta en la denominada izquierda abertzale».

También les plantea si la presentación de candidaturas de esa formación a las elecciones forales y municipales «ha sido planeada o diseñada o las listas electorales elaboradas por Batasuna». En este último punto, solicita a Mesquida la aportación de datos objetivos, entre ellos la identificación de las personas que «en representación de Batasuna, hayan pactado, diseñado o propiciado esta estrategia». A continuación, Garzón enumera a una treintena de vascos acerca de los que quiere saber si han sido «imputados, procesados o condenados por delitos de terrorismo, integración o colaboración con banda armada». También se interesa sobre si consta que alguno de ellos «sea responsable de Batasuna».

Asimismo, entre otras cuestiones, demanda información en torno a cuantas organizaciones forman parte de la izquierda abertzale, acerca de la sede de ANV de Portugalete y sobre la actividad desarrollada por este partido.

El mismo día en que se conocía el contenido de esa providencia judicial, fuentes de la Fiscalía citadas por Europa Press descartaban difinitivamente instar a la ilegalización de ANV porque no daría tiempo a resolver la cuestión antes del 27-M. Por su parte, la Abogacía del Estado continúa analizando la situación y sigue dudando entre impugnar las «candidaturas sospechosas» que hubiera podido presentar ANV o, si el número de éstas es elevado, instar a la ilegalización del partido. No obstante, según indicó Europa Press, ya no se inclina por esta segunda opción.

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