Las adolescentes también son mujeres con derechos. Parece obvio, pero no lo es tanto. Antes de cumplir 18 años suelen ser limitadas en su derecho a decidir sobre aspectos vitales, como el tener o no un hijo y cuándo tenerlo. También parece obvio, pero hay que decir que las adolescentes tienen deseos y capacidad de disfrutar sus relaciones eróticas y sexuales; también se embarazan y frecuentemente se niegan a ser madres.

Que una mujer tenga relaciones sexuales consentidas no tendría por qué espantar, pero que las adolescentes se embaracen sin desearlo nos debe alarmar, pues expone un asunto no atendido por el Estado y la sociedad; revela una inadecuada estrategia de comunicación, que debería ir acompañada del libre acceso y disponibilidad de métodos anticonceptivos, incluida la pastilla de emergencia, evitando moralismos y sin afectar la privacidad de la adolescente.

Al respecto, Holanda generó un programa de educación sexual laico, masivo, dirigido a diferentes generaciones y en diferentes contextos institucionales, con lo que logró una disminución importante en el número de embarazos adolescentes. En ese país, de cada mil adolescentes se embarazan cuatro, mientras en México la relación es 70 de cada mil. Holanda, además, es la nación con el menor índice de abortos en el mundo.

En México la mitad de los embarazos no deseados en las adolescentes termina en abortos clandestinos sin los servicios de salud adecuados, poniendo en riesgo su vida. Por lo anterior, debemos asegurarnos de que, con la aprobación del dictamen de ley sobre el aborto por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, ellas queden incluidas por derecho, sin depender de otros. De no ser así, estaríamos frente a una nueva forma de exclusión y ante la violación del principio de equidad en este contexto.

En el Distrito Federal, desde 2002 se estableció el requisito del permiso paterno a la adolescente que solicitara la interrupción de un embarazo y ya en 2006, con algunos cambios, se siguió exigiendo de inicio el consentimiento de los padres, tutores o quienes detenten la patria potestad. La normatividad de 2002 contempló que de no haber acuerdo entre los padres y la adolescente, se brindaría asesoría jurídica por medio del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Distrito Federal, mientras en 2006 se reglamentó que sería un representante social del Centro de Terapia de Apoyo a Víctimas de Delitos Sexuales quien tomaría una «determinación» en consulta con el subprocurador de Averiguaciones Previas correspondiente. Estas medidas han aplicado en casos límite y en un contexto penal, pues fueron diseñadas para las causales de violación e inseminación artificial.

En un entorno de despenalización en Francia, donde las adolescentes también tenían que pedir permiso a sus padres para abortar, ellas preferían viajar a otros países para hacerlo, ante lo cual a partir de 2000, se eliminó de la ley el requisito, siendo ahora suficiente que ellas lo soliciten. Se les intenta convencer de la importancia de hacer partícipes a sus padres pero, de no lograrlo, se acepta que las acompañe alguna persona de su confianza que tenga la mayoría de edad.

La despenalización universal del aborto antes de las doce semanas de embarazo en el Distrito Federal no debe tener excepciones. Si a las adolescentes se les exige la autorización de su padre o madre, es probable que lo sigan practicando en la clandestinidad. Los principales temores de las adolescentes ante un embarazo son de tipo moral y tienen que ver con la reacción que anticipan en sus padres, que algunas suponen violenta por el desacato, otras temen que se les obligue a tener al hijo que no desean, a veces piensan que serán corridas de casa, sacadas de la escuela, obligadas a casarse o a someterse a las labores domésticas para pagar de por vida su culpa.

Esta es la perspectiva moral, pero si atendemos a las implicaciones legales del asunto, cabría preguntarse lo que pasaría si se mantuviera la exigencia del consentimiento paterno y una chica de 16 años interrumpiera su embarazo en el plazo autorizado por la ley, pero sin dicha anuencia: ¿estaría cometiendo delito, a diferencia de una chica de 18 años? ¿La despenalización no aplicaría para ella? De ser así quedarían fuera de los beneficios de la ley aproximadamente el 36% de las mujeres del Distrito Federal, si consideramos que del total de embarazos no deseados, esta cifra corresponde a mujeres menores de 20 años.

Después de la muy esperada despenalización del aborto, convendrá revisar toda la reglamentación y diseñar una metodología para la aplicación de mecanismos que garanticen el cumplimiento de la ley, sin olvidar que las adolescentes también son mujeres con derecho a la salud y a la «autodeterminación» respecto de su sexualidad y reproducción.

© La Jornada