Una de viviendas. Un conocido busca piso en alquiler en Oiartzun. Y lo hace agotando todas las vías. Periódico, inmobiliarias, anuncios callejeros, amistades... Semana tras semana no consigue localizar nada. Comprueba que escasean. Y además depende de a qué precio, se los quitan de las manos. Pero hace unos días recibe una llamada. El propietario de una vivienda en la Plaza Landetxe le quiere hacer una oferta. Duplex, 66 m2, dos habitaciones, baño y aseo, salón-comedor, cocina, garaje y trastero. Amueblado, exterior, luminoso y como se suele decir: ideal para jóvenes. Concierta una cita y lo ve. Hay acuerdo, pero en el momento de cerrarlo llega la sorpresa: se trata de una VPO construida hace diez años. El dueño de la vivienda protegida le advierte de que por tener este carácter, en el contrato no figurará ésta sino su nuevo inmueble, que es libre y que se acaba de comprar en el barrio de La Fandería en Errenteria. Quiere todo en «negro» y mantener a su nombre los recibos de la luz y de agua. Es la única forma de que los inspectores no se den cuenta de que el matrimonio al que se les adjudicó ya no vive ahí.

El joven le torpedea a preguntas y 24 horas más tarde, el piso acaba en manos de otra chica que sin escrúpulos lo acepta incluso sin contrato. ¿Por qué el Ayuntamiento de Oiartzun no comprueba periódicamente las adjudicaciones de VPO? ¿Y el Gobierno Vasco? Porque en la sociedad actual, nadie debería permitir que una persona pague de forma ilegal con el alquiler en negro de una VPO la hipoteca de su nueva casa libre.