José Elorrieta compareció ayer en rueda de prensa en Bilbo acompañado por los dirigentes de esta central Mikel Noval y Julene Gabiola, responsables de este informe, en el que se demanda «una fiscalidad al servicio del bienestar social» y se denuncia la deriva de la CAV a «hacia un sistema fiscal más regresivo». El dirigente de ELA apuntó que mientras que en las rentas procedentes del trabajo, reguladas por nómina, la posibilidad de fraude es mínima, se da la circunstancia de que en las declaraciones del Impuesto de Sociedades «el 56% de las empresas declara una base liquidable negativa o nula».

Elorrieta aseguró que este dato demuestra el «escandaloso fraude» que se produce en este impuesto, y recalcó que esta situación no se corresponde con la realidad, en un momento en que las empresas están obteniendo grandes beneficios.

Además, según Elorrieta, el tipo efectivo del Impuesto de Sociedades en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa es del 17%, muy por debajo del tipo nominal (32,6%). Criticó la «escasa actuación» de las inspección, que solamente controla «el 1,2% de las rentas económicas», lo que, según el propio estudio, «anima a defraudar».

Señaló que la presión fiscal en la CAV es del 31% del PIB, mientras que en la UE es del 39,5%. Eso explica, apuntó, que el gasto social en las tres provincias sea del 18,9% del PIB, mientras en la UE asciende hasta el 27,6%.

El informe señala que la recaudación de las haciendas vascas en 2006 se elevó a 12.552,3 millones de euros, de los que la mayor parte, el 37,2%, provenían del IVA, seguido del IRPF (29,9%), el Impuesto de Sociedades (13,5%) y los Impuestos Especiales (10,8%). Es decir, según apunta el informe, que la mayor parte de la recaudación (53,6%) provino de los impuestos indirectos, mientras que los directos representaron el 45,6%.

El informe analiza la evolución de estos dos impuestos desde 1998 y concluye que mientras la presión de los impuestos indirectos, que en 2006 fue del 9,2% del PIB, se ha mantenido estable a lo largo del periodo, la de los indirectos ha pasado del 9,5% del PIB en 1998 al 10,9% en 2006, haciendo crecer la presión fiscal total.

«Si es positivo que la presión fiscal total haya experimentado un crecimiento, no lo es que lo haya hecho como consecuencia del aumento de los impuestos directos, ya que al tratarse de impuestos que gravan al conjunto de la población por igual, con independencia de los ingresos obtenidos, supone avanzar hacia un sistema fiscal más regresivo», destaca el estudio.

El gasto fiscal, las cantidades que las haciendas forales dejan de recaudar en concepto de desgravaciones fiscales o exenciones, ascendió a 5.793,5 millones de euros en 2006. El IVA fue el impuesto que mayor gasto fiscal supuso, alcanzando el 50,7% del total; le siguieron el IRPF (32,3%) y el Impuesto de Sociedades (9,1%).