El sindicato LAB denunció ayer las resoluciones de la gerencia del servicio navarro de empleo que afectan a la concesión de subvenciones para la formación continua. El sindicato abertzale destaca que se trata de un montante de casi 2 millones de euros, que se pone «directamente en manos de quienes en esas resoluciones denominan entidades beneficiarias».

Añade que las que se definen como «organizaciones empresariales y sindicales de carácter intesectorial más representaivas», no son otras que «la patronal CEN y los sindicatos UGT y CCOO».

LAB considera que ésta es una estrategia del Gobierno de UPN para «continuar garantizándose un modelo de concentración social y sindicalismo complaciente como el que hoy disfruta con UGT y CCOO».

«Sin exclusiones»

La central abertzale resaltó que «como reconocen las propias resoluciones, la formación continua constituye un elemento esencial para la estabilidad en el empleo y la cohesión social». Por ello, exigió «que se garantice el derecho de los trabajadores navarros a una formación profesional continua de calidad» y añadió que es necesaria «la participación sindical sin exclusiones discriminatorias ni interesadas»

La central plantea asimismo que los centros de formación profesional deben tener el protagonismo en la formación continua y añadió que de esta forma se aportaría «garantías de calidad, transparencia y control de fondos».

Un informe elaborado por la la profesora de la UPV-EHU Isabel Otxoa y dado a conocer recientemente por el sindicato ELA, advertía asimismo de los «peligros del sistema actual de financiación de los agentes sindicales y patronales que gestionan la formación continua».

Privilegios

El estudio destacaba que la última reforma laboral «da facilidades para la corrupción en la gestión de fondos de formación». El análisis explica que la legislación actual incluye «privilegios» para las entidades beneficiarias de los fondos, porque «les libera de la obligación de cumplir con la Ley General de Subvenciones, que exige tres presupuestos para cada acción subvencionable de cuantía superior a 12.000 euros, y justificar el motivo por el que no se adjudica la prestación a la oferta económica más ventajosa».

El análisis aportado por el sindicato ELA con respecto a las reformas laborales, ahondaba en que eximir de ese requisito a los receptores de fondos «supone ampliar las facilidades» para que se dén casos de corrupción.