Uno de los expedientes del fraude descubierto en la Hacienda de Irun afecta a la esposa de Luis María Bandrés, dirigente del PNV, ex consejero y ex diputado foral, en el que figura como una de las contribuyentes que entregaron pagos para saldar deudas fiscales que no fueron ingresados en las arcas forales, según los datos ofrecidos por la agencia Efe.

La mujer de Bandrés, Maite Moneo, era junto a sus hermanas una de las titulares de Tiendas Unidas SA -varios conocidos comercios de ropa en Donostia-, que llegó a acumular deudas por valor de 4 millones de euros por impagos del IVA y del Impuesto de Sociedades y que, tras la entrega de una sexta parte de la deuda a uno de los imputados por el fiscal en este caso, su expediente fue dado de baja por insolvencia, informaron a Efe fuentes del caso.

Al parecer, los pagos se efectuaron a finales de 2003 a José María Bravo, ex director de la oficina tributaria de Irun, que en la denuncia presentada por el fiscal ante la juez del Juzgado de Instrucción número 2 de esa localidad ha sido imputado junto a otras tres personas.

Los otros imputados son la esposa de José María Bravo; la amiga de éste Pilar Gracenea, funcionaria de la Hacienda Foral y liberada por el sindicato Baskuña, una escisión de ELA en la Diputación, además de socia de una de las firmas del ex director de la Hacienda de Irun; así como otro socio de una de esas empresas, indicaron las fuentes del caso.

Las deudas de Maite Moneo se remontan a la década de los 90, pero no prescribieron a los cuatro años preceptivos, porque distintas actuaciones recaudatorias las mantuvieron vivas. Ante este «desfase» patrimonial, la vía habitual, según las fuentes, habría sido solicitar ante un juzgado la tramitación de una suspensión de pagos o quiebra, en la que se hubiera resuelto la deuda con la Hacienda pública, con una reducción y un aplazamiento. En vez de este paso, se dio otro menos corriente, que fue el de negociarlo directamente con la oficina de Irun, que tenía el expediente, para derivar la deuda hacia los administradores de Tiendas Unidas SA o a la sociedad sucesora de la actividad, señalaron las fuentes.

Lo que la mujer de Bandrés hizo es pagar a finales de 2003 una sexta parte de la deuda en Irun, donde no se ejercitó la acción contra los administradores de la empresa ni supuestamente se cuestionó la validez de la separación de bienes u otras transmisiones realizadas de manera previa por el matrimonio Moneo-Bandrés, dijeron.

Una vez realizados los pagos, que no fueron ingresados en la Hacienda foral, como muchos otros que figuran en los expedientes que el fiscal ha puesto en manos del juez y que suman un total de 3 millones de euros, el expediente de la esposa de Bandrés fue dado de baja por insolvencia ante la supuesta imposibilidad de cobro, sin que esto fuera detectado por los sistemas de control de Hacienda, en esa época ya en manos del actual gobierno de la Diputación. Este modus operandi, según el fiscal, fue el mismo aplicado en todos los expedientes irregulares por la trama encabezada por José María Bravo, que habría llegado a apropiarse de algo más de un millón.

El fiscal considera que al tramitar estos expedientes de forma presuntamente ilícita, los imputados habrían incurrido en delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documento oficial y blanqueo de capitales.