La campaña hacia las elecciones municipales y autonómicas del 27 de mayo arrancó a medianoche en un ambiente de confusión favorecido por la incursión de tribunales españoles en un proceso de elección que corresponde protagonizar a la ciudadanía vasca. La pretensión del Gobierno del PSOE de impedir que se celebren unas elecciones libres se ha abierto paso, en el «mejor de los casos» al amparo de una ley profundamente antidemocrática como es la Ley de Partidos, y cuando ello no ha sido efectivo sorteando abiertamente sus contenidos y hasta los procedimientos judiciales, con las consecuencias de indefensión que se derivan de esa conducta arbitraria.

La campaña que consume sus primeras horas nos retrotrae al pasado, a la etapa del pacto PP-PSOE, marcada por la imposibilidad de que las ideas de izquierda y abertzales, firmemente ancladas en nuestro país, pudieran expresarse abiertamente y en clave de igualdad en ayuntamientos, diputaciones y parlamentos. Sin embargo, no cabe resignarse a esa reiteración en la conculcación de derechos, entre otras razones porque la vulneración no se repite miméticamente. Las decisiones, primero del Supremo y anoche del Constitucional, nos demuestran que la estrategia ilegalizadora, lejos de tener efectos limitados -de partida ya indeseables- va sumando «víctimas», hasta el punto de lanzar la artillería parajudicial contra un partido cuyos estatutos expresan un claro posicionamiento en relación a la violencia y de convertir a gran parte de sus candidatos en «elementos contaminantes».

Este nuevo fraude a los derechos políticos que se comete sobre la sociedad vasca es todavía más grave si tenemos en cuenta que acontece en un contexto largamente trabajado con el objetivo puesto en llevar a buen puerto un proceso democrático. La campaña arranca bajo la sombra de la «caza de brujas» de Delancre. Y, sin embargo, es imperativo conseguir que todas las ideas estén presentes el 27-M, como paso fundamental en la construcción de un escenario de igualdad.