En Democracia, la mejor ley de partidos es aquella que no existe o aquella que su articulado está reducido a la mínima expresión». Lo dijeron Guerra y González durante la Transición. Hoy la libre expresión de las ideas está cercenada en esta España donde se instrumentaliza la Justicia en provecho ideológico y político propio. La apología política de la violencia desde una agrupación política debería ser exclusivamente la frontera de lo legal e ilegal en una ley de partidos.

Como en muchos otros aspectos de la actividad humana, se sustituye la desapasionada búsqueda de la objetividad, conduzca donde conduzca, por las ideas preconcebidas de nuestras querencias ideológicas o políticas.

En este sentido la sentencia del Tribunal Supremo es un bodrio, un despropósito jurídico que va de lo absurdo a lo astracanesco para acabar en lo más negro de la pintura de Goya.

Aun admitiendo que el hecho de la no condena de la violencia pueda conducir según la actual ley de partidos a la ilegalización de las listas de la izquierda abertzale mayoritaria, por aquello de que es la nueva marca de Batasuna, el hecho de que ciertas listas electorales puedan ser «contaminadas» por Batasuna o quien sea, debido al hecho de la presencia individual de personas físicas que militaron o estuvieron en otras listas de la izquierda abertzale, es un torpedo en la línea de flotación de cualquier ordenamiento jurídico democrático.

¿Qué debe hacer la persona física? ¿Abjurar de su herejía de pertenencia al partido determinado cuando éste era legal? ¿No haberse presentado en lista electoral alguna, antes de haber sido aquéllas ilegalizadas? ¿Condenar la violencia de ETA, uno a uno como persona? ¿Hacer una declaración explícita de sus ideas personales? ¿Y qué hacemos con todas las demás personas físicas de todas las demás listas electorales que no realizan estos trámites? ¿Existe principio de equidad ante la ley?

¿Y qué debe hacer un partido legal como ANV, requerir previamente el parecer de las instancias judiciales para confeccionar sus listas? ¿Las confeccionó en connivencia con Batasuna? ¿Confeccionó sus listas el PP de Castilla y León en connivencia con el Banco de Santander o cualquier otra entidad financiera ajena a la representación de su militancia política y con medios explícitamente prohibidos por el ordenamiento jurídico?

Pero profundicemos un poco más en el astracán goyesco del Tribunal Supremo, cuyas «contaminaciones» tienen mucho que ver con la maldita historia de esa España inventora del término de la contaminación política.

¿Están contaminadas pues las listas del PP por otras razones que las económico financieras? ¿Las personas físicas del PP tienen derecho, todas ellas, siguiendo el mismísimo principio de la «contaminación de listas», a figurar en listas de la democracia?

Entonces, llevan decenas de años «contaminando» la democracia todos aquellos que no abjuraron, ni se arrepintieron ni condenaron la dictadura asesina del general Franco que tumbó la democracia española durante cuarenta años. Pero es que hay más, ¿quién nos asegura que no existen terroristas o apologéticos de cualquier violencia en las demás listas? ¿Quién asegura que no existen corruptos, mentirosos, defraudadores de hacienda y del sistema democrático, violentos de género, apologéticos o ex apologéticos de extrema derecha, leninistas arrepentidos o que simplemente cambiaron de idea? ¿Corresponde al sistema democrático impugnar las listas y observar con lupa una a una sus personas físicas por los hechos pasados o presentes?

El descender hasta el individuo por si fuera o no fuera o haya o hubiera sido esto y aquello es neurótico y enfermizo, es alguien que persigue una simple finalidad política y lo hace tan recabadamente mal que es él quien contamina el sistema democrático.

En esta España nacional donde se dice a través de sus mass media toda clase de injurias e incongruencias, lo contaminado es su democracia. Muchos de sus políticos tienen el virus de la tontería astracanesca, sus inteligencias están en las vísceras.

Se aseguraba hace unos días desde ese talante tranquilamente insultante, en una de esas cadenas de TV, que muchos pueblos de Gipuzkoa siempre habían tenido mayoría «apache o comanche» porque todos los pueblos eran indios. Ahora volverían si no se ilegalizaran la mayoría de las listas de izquierda abertzale y, por lo tanto, se acabaría la calma. Es decir que calma es, según ellos, impedir el dinamismo de lo que no les gusta, aunque sea mayoritario y perfectamente legal. Esa es la mayor contaminación de la Democracia.