Se consumó la mascarada jurídico-electoral, los derechos de miles de personas se volvieron a pisotear y aún les pareció poco a algunos. Por ejemplo, a los de «El Correo Español» y «El Diario Vasco». El editorialista se permitía el lujo de mofarse de las víctimas del atropello y hablaba del «funambulismo político con el que la izquierda radical ha pretendido históricamente forzar los límites de la legalidad» para reconocer, a modo de concesión dialéctica «su acreditada habilidad para colarse por sus resquicios mientras se beneficia de los derechos constitutivos del sistema democrático que tanto desprecia, llevan tiempo fracasando ante la tenacidad con que los tribunales vienen aplicando la Ley de Partidos». Para más inri, después de dejar constancia de que «éstos son los cuartos comicios en los que Batasuna queda excluida de la liza electoral», sentenciaban que la culpa es de quien padece acoso «por su connivencia con ETA, sin que sus dirigentes hayan sido capaces de extraer otra enseñanza que perseverar en su cínico victimismo, con el que descargan en las fuerzas democrá- ticas las consecuencias que se derivan, exclusivamente, de su obcecación. Esa actitud que se hace del todo intolerable cuando esos mismos partidos deben proteger en muchos casos a sus candidatos del hostigamiento etarra». Obvia decir que otros no tienen candidatos porque los contaminan en los tribunales españoles.

El editorialista hablaba de «la astucia de la izquierda abertzale al rescatar las siglas legales de ANV para intentar acoplar su listas» y reconocía la chapuza: «ha situado a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, al Tribunal Supremo y por último al Constitucional ante un enredo jurídico inédito, que ha evidenciado grietas en la Ley de Partidos y disensiones interpretativas entre quienes deben ejecutarla». Y como dijo Dick Turpin, la adversidad no importa: «la constatación de que la norma es imperfecta no puede distraer la atención de lo verdaderamente relevante, que es que un Estado de Derecho plenamente consolidado se ve forzado a afrontar la permanente, obsesiva y sectaria voluntad de la izquierda radical de ignorar o saltarse la legalidad asumida por el resto de los partidos y la ciudadanía. Por ello resultan del todo censurables las interpretaciones, ingenuas o interesadas, de aquéllos que como el Gobierno vasco claman por la derogación de la ley soslayando la cobertura que Batasuna continúa prestando a la coacción etarra y las pruebas acumuladas durante años por los tribunales sobre la instrumentalización por parte de los violentos de la presencia de HB y sus sucesoras en las instituciones». A la fachenda le priva concurrir en solitario a las elecciones. Como en la democracia orgánica.

El editorial concluye con su directriz: «es una evidencia que la izquierda abertzale tendrá presencia en la campaña y que tratará de extender su discurso más allá de los mítines permitidos. Es entera responsabilidad de las fuerzas democráticas evitar que los radicales no sólo recuperen el protagonismo limitado por los tribunales, sino que traten de condicionar el proceso electoral y la posterior configuración de diputaciones y ayuntamientos explotando el miedo que generan la sombra amenazadora de ETA y la presión amedrentadora en la calle». ¡Hala por ahí!