Después de que el Tribunal Constitucional confirmara la anulación de casi cuatrocientas candidaturas de izquierdas y abertzales, las formaciones políticas valoraron esta decisión, que irremediablemente condiciona por completo la campaña.

Desde el PNV, formación que había insinuado una posible componenda entre el PSOE y la izquierda abertzale, sosteniendo que este sector social podría finalmente concurrir a los comicios, se lamentaron ayer de que el Tribunal Constitucional mantenga la «aplicación absolutamente arbitraria de la Ley de Partidos», argumentando, eso sí, que esa ley, «en su absoluta arbitrariedad permite dar alas al mundo anclado en el pasado de la justificación política de la violencia para eliminar al adversario político, y permite el victimismo de aquellos que todavía están a la sombra de paraguas extraños que les cobijan o les secuestran».

Fue el portavoz de la formación jeltzale, Iñigo Urkullu, quien hizo estas afirmaciones, al tiempo que emplazaba a la izquierda abertzale a que haga «acto de contricción».

Joseba Egibar, por su parte, defendió respecto a este tema que «a esa estrategia de Estado hay que responder aunando esfuerzos y, como no, intentando concitar el mayor apoyo, en este caso en torno a la sigla del PNV». Para el presidente del GBB, «el PSOE y Rodríguez Zapatero han intentado incorporar al terreno de juego al jugador al que expulsaron, y no lo están consiguiendo por la presión del PP o por la presión mediática y judicial».

Por parte del PSE, fue el secretario general de Bizkaia, José Antonio Pastor, quien valoró que la resolución de las candidaturas refleja «un respaldo inequívoco» de los jueces a la actuación del Gobierno español.

Dirigiendo su mirada a la formación que lidera Mariano Rajoy, Pastor declaró que «en contra de lo que algunos partidos, especialmente el PP, han querido verter sobre la opinión pública de que había un actitud sectaria y dirigida políticamente, la decisión del Tribunal Constitucional evidencia que se ha hecho escrupulosamente con arreglo a la ley».

Desde el mismo partido, su portavoz en el Congreso español, Diego López Garrido, sostuvo que la decisión de los seis magistrados del Constitucional «redondea» el «triunfo» de los postulados del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Según señaló, la decisión del Tribunal Constitucional pone «punto y final» al proceso de ilegalización de candidaturas de la izquierda independentista vasca, y se felicitó porque «Batasuna no estará en las elecciones».

En Bilbo compareció la presidenta de EA, Begoña Errazti, quien valoró que «es inaceptable que se vulnere el derecho de opinión, de representación de la ciudadanía». A su parecer, la decisión del Tribunal Constitucional se parece más a las adoptadas en la Audiencia Nacional u otros «espacios jurídicos de excepción». Errazti, en todo momento, atribuyó la responsabilidad de lo sucedido a PSOE y PP, que en el denominado Pacto Antiterrorista «ya definieron claramente cómo iba a ser la vulneración de derechos democráticos de la ciudadanía que culminó con la Ley de Partidos», una norma legislativa que calificó de «aberrante».

Dos versiones en un partido

En esta ronda de valoraciones, fue curiosa la situación que se dio en IU, ya que mientras en Bilbo Mikel Arana opinaba que el Tribunal Constitucional «se ha equivocado», desde Madrid, Gaspar Llamazares defendía que la decisión de los jueces es «equilibrada».

El coordinador general de IU señaló que la resolución judicial «descalifica a los extremos». Por un lado, «descalifica a Batasuna», que «se mantiene subordinada y vinculada a ETA», y «descalifica el extremismo del PP, que con su furor ilegalizador pretendía ilegalizarlo todo».

Arana, por su parte, apuntaba que «es necesario encontrar una salida democrática a este rifirrafe político-judicial, que tiene su origen en la violencia de ETA y la Ley de Partidos».

Patxi Zabaleta, candidato de Nafarroa Bai al Parlamento y coordinador general de Aralar, partido que en la CAV concurre en coalición con EB, manifestó que el auto supone «un retroceso democrático» y un «disparate» desde el punto de vista jurídico. «No contribuye a la nor- malización política y social», declaró a este respecto el político de Leitza.

Por parte del PP, el alcalde y candidato de Gasteiz, Alfonso Alonso, calificó de «vergüenza democrática» que ANV pueda presentarse en algunas localidades y circunscripciones, y pidió «una reacción y una contestación contundente de los ciudadanos que creen en la libertad».

«Punto y final al `debate-circo'»

También desde el ámbito sindical se hicieron valoraciones de la decisión del Tribunal Constitucional. Así, el secretario general de ELA, José Elorrieta, la calificó de «escándalo» que «lo que hace es desacreditar más al poder judicial, en un debate que desde el punto de vista político no tiene ningún agarradero».

«Es una situación que no tiene ningún encaje desde el punto de vista democrático», opinó.

Por parte de LAB, se secretario general, Rafa Díez, subrayó que se trata de una «decisión grave» con la que «difícilmente se puede abordar un proceso de soluciones». Para el dirigente del sindicato abertzale, que ha llamado a acudir hoy a Bilbo, la decisión «tiene evidentemente un impulso político».