La población extranjera empadronada en la CAPV, algo más de 85.500 personas, de las que 64.228 disponían de la autorización de residencia a 31 de diciembre de 2006, representa el 4,01% de la población. De las personas con permiso de residencia, 20.325 están en régimen comunitario y 43.903 en régimen general.

De las diez nacionalidades más importantes en la CAPV por el número de personas provenientes de las mismas, solamente las personas provenientes de Portugal y Rumania tienen derecho a votar y a ser elegidas en las elecciones municipales. El resto de ellas no tiene derecho a votar y a ser elegidas.

Si bien los pueblos y ciudades pueden ser el medio físico y social privilegiado para la inserción social de las personas extranjeras, su participación en la vida de la ciudad está fuertemente determinada por las condiciones específicas de existencia: por un marco normativo que les hace depender de un permiso de residencia; que les niega el elemental derecho a formar parte de la vida política de la ciudad en igualdad de condiciones que el resto; que condiciona fuertemente su vida en familia; que los fragiliza sociolaboralmente haciendo depender sus relaciones laborales de un permiso de trabajo.

En los últimos veinte años se ha buscado y construido un tipo de inserción social de las personas extranjeras extracomunitarias: se las ha integrado en la periferia social, sin derechos políticos y con menos derechos cívicos y laborales que el resto.

¿Se puede modificar ese tipo de integración social desde los ayuntamientos sin tocar los fundamentos del marco normativo, de la política de inmigración y extranjería? Hay cosas que pueden ser corregidas, y vale la pena hacer el esfuerzo necesario para ello. Pero, a su vez, hay límites, y no pequeños. Los ayuntamientos están sujetos a leyes generales. Los que han aprobado planes de inmigración suelen partir del principio de ciudadanía municipal, de ciudadanía inclusiva. Ese principio tiene poco que ver con lo que se practica desde el Estado, lo que obligaría a esos ayuntamientos, si quieren ir más allá de las declaraciones e intentar hacer efectivo lo que proclaman, a ser muy críticos con muchas de las cosas que vienen desde ese marco, a buscar su corrección.

Destacaría diez grandes áreas de trabajo: La política documental, lo relacionado con los permisos de trabajo y residencia; la inserción residencial, donde se vive, como se vive; la relación con los servicios públicos, especialmente con los sociales; la sociabilidad y la convivencia ciudadana; la participación política en la vida de la ciudad; el empleo, el tipo de trabajo; los menores no acompañados; las situaciones de marginalidad social; la educación, la inserción escolar, y la sanidad. Esas áreas no son compartimentos estancos, están relacionadas entre sí, pero a su vez tienen particularidades, y en todas ellas los ayuntamientos tienen algo que decir y hacer.

Los documentos, los permisos de trabajo y residencia son una cuestión fundamental en la vida de las personas extracomunitarias, tanto si están en situación irregular, como si están en la fase de los permisos temporales o, incluso, con los permisos permanentes. ¿Tienen algo que ver los ayuntamientos en todo esto? Sí, y cada vez más. Con los empadronamientos, con los informes municipales de inserción social para pedir los permisos por arraigo social, con los informes de vivienda para las reagrupaciones familiares, con la revisión padronal bianual.

Algo parecido nos ocurre con la vivienda, donde hay tres aspectos a tomar muy en cuenta. La carestía de la vivienda de alquiler en el mercado libre, que es a la que prioritariamente acceden las personas extranjeras. Relacionado con lo anterior, el mercado paralelo de alquiler de habitaciones, el nuevo desarrollo del sistema de pupilaje, en el que se calcula que viven el 65% de las personas extranjeras con menos de dos años de estancia en el Estado español. Y los problemas de acumulación y hacinamiento que lo anterior propicia.

Y con la participación política en la vida de la ciudad. Es cierto que no tienen derecho a votar, y esa es una aberración de la Constitución, que convendría eliminar cuanto antes, modificando su artículo 13.2. Pero hasta que ello se haga, los ayuntamientos pueden crear instrumentos de participación ciudadana vía comisiones de inmigración u otras, que faciliten la relación con las organizaciones de inmigrantes y que trabajan en ese campo en el marco del pueblo o la ciudad.

Lo mismo cabe de decir de políticas específicas que propicien la sociabilidad, las relaciones ciudadanas y vecinales, que tengan en cuenta qué tipo de relaciones estamos construyendo, si hay distancia educada o relación fluida, si hay abierta discriminación, compartimentos más o menos estancos y xenofobia.

Y de los menores no acompañados, aunque en este caso el actor principal sean las diputaciones, donde hay cuestiones importantes a mejorar en la totalidad del ciclo de acogida: en urgencia, en residencial y en emancipación. Y de los servicios sociales, sobre todo si tenemos en cuenta que el sistema funciona con ventanilla única a través de los ayuntamientos. Y las situaciones de marginación social cada vez más numerosas y cronificadas, que a su vez tienen relación con los déficit en materia sanitaria, donde los esfuerzos por relacionar situación social con salud se dejan sistemáticamente de lado. Y en educación, que aunque lo fundamental dependa del Departamento de Educación del Gobierno vasco, también afecta a los ayuntamientos.

Pero para que el campo de actuación municipal sea efectivo, los propios municipios tienen que convencerse de que su actuación en ese terreno es posible y necesaria. Por ahí tenemos bastante por avanzar, si de verdad nos creemos eso de la ciudadanía municipal e inclusiva.