La joven, conocida sólo como «señorita D», está embarazada de cuatro meses, pero el feto sufre anencefalia, una malformación congénita que impide el desarrollo del cerebro del bebé.

Tras ser informada de que el bebé no tenía posibilidad alguna de sobrevivir después del parto, la adolescente indicó a una trabajadora social su voluntad de no proseguir con el embarazo.

La altas instancias judiciales han tenido que intervenir porque el Servicio de Salud nacional, que se hizo cargo de la joven, había solicitado a las autoridades que impidiesen su salida del país a menos que tuviese un permiso de la Justicia.

Un juzgado de distrito rechazó esta solicitud y el caso fue llevado ante el Alto Tribunal, que ha revertido aquella primera decisión después de una emotiva batalla legal.

Según la legislación irlandesa, la interrupción del embarazo (nunca habla de aborto) sólo está permitida cuando la vida de la madre corre peligro, pero no por anormalidad del feto.

Permiso para viajar

Durante el recurso de apelación, los abogados designados por el Estado irlandés para defender los derechos del nonato afirmaron que la joven no necesitaba un permiso para viajar con el propósito de abortar, pero reconocieron que sería ilegal hacerlo en suelo irlandés.

La Justicia decidió la pasada semana que no existen bases «estatutarias o constitucionales» que impidan a la muchacha desplazarse al país vecino.

Los expertos estiman que unas 7.000 mujeres salen cada año del país para interrumpir su embarazo.

Por ese motivo, la decisión judicial fue esperada con atención a las puertas del Alto Tribunal de Dublín, donde se dieron cita agrupaciones «pro vida» y «pro aborto».

La Asociación de Planificación Familiar Irlandesa y la Alianza por el Derecho a Decidir celebraron la victoria de la «señorita D», pero lamentaron que la joven haya tenido que soportar un proceso tan público y emotivo.

«¿Cuántas mujeres más sufrirán este trauma antes de que la ley irlandesa reconozca su derecho humano a acceder a servicios abortivos seguros y legales en su propio país?», se preguntó la portavoz de la Alianza, la doctora Mary Muldowney.

En su opinión, el «estrés que rodea esta cuestión» es fruto de las «barreras que la actual situación legal ha erigido en torno al derecho de las mujeres a decidir lo mejor para ellas».

Rechazo en referéndum

En 2002, el electorado irlandés rechazó en referéndum, por poco más de 10.000 votos, una propuesta que legalizaba la interrupción del embarazo bajo circunstancias médicas especiales, pero que, en la práctica, era más restrictiva que las normas hasta entonces vigentes.

Aquella propuesta sólo permitía la interrupción del embarazo bajo circunstancias médicas especiales, pero, a diferencia de la situación actual, anulaba una decisión judicial de 1992, que permitió un aborto por amenaza de suicidio de la madre.

No obstante, dicha decisión judicial, sin precedentes en este país mayoritariamente católico, no ha sido aún inscrita en el texto constitucional por el rechazo de aquella consulta popular, lo que ha mantenido el vacío legal sobre ese asunto.

El primer ministro irlandés, Bertie Ahern, reconoció entonces que la propuesta era compleja ya que, según como se mire, el proyecto de ley era demasiado liberal o demasiado conservador.

Por ello, la campaña del «no» estaba curiosamente formada por la oposición al completo -que abarcaba desde el conservador Fine Gael hasta la izquierda- y por algunas escisiones del poderoso grupo de presión antiabortista.

La confusión alcanzó tales extremos que los ciudadanos llegaron a presenciar enfrentamientos verbales entre grupos «pro vida» y «pro aborto», pese a que ambos bandos pedían al electorado que votasen en contra. Como se predijo entonces, la nueva ley iba dar a lugar a situaciones rayanas con la hipocresía, pues sigue habiendo grupos abonados al dicho: «Ojos que no ven, pecado que no existe».