Una multitud se manifestó ayer por las calles de Bilbo en contra de la ilegalización y por unas elecciones libres y un proceso democrático. No es la primera vez que, en las últimas fechas, miles de personas se han expresado en similares términos, pese a que se les haya querido poner sordina, como a las más de 83.000 personas que avalaron con su firma las listas de Abertzale Sozialistak, posteriormente proscritas de un plumazo.

Ciertamente, existe un importante sector político y social que confirma, en primer término, algo más que su existencia, pese a la estrategia de liquidación puesta en marcha en la época de gobierno del PP, y que a día de hoy se presenta como la fuerza que con más ahínco reclama un proceso de resolución de carácter democrático. La cita del próximo 27 de mayo se convierte, por tanto, en sumamente importate si quieren avalar ambas cosas, y de ahí, lógicamente, que los portavoces de la izquierda abertzale vayan siendo más insistentes para cumplir con esta cita. Tal vez el hecho de haberse centrado en las anteriores semanas en denunciar la ilegalización de candidaturas y en resaltar que ello supondría llevar el proceso democrático al desguace ha podido crear cierta zozobra sobre qué podría suceder a partir del 27 de mayo. Como respuesta a esa interrogante -para el futuro cercano, al menos- cabría interpretar las palabras de Arnaldo Otegi el primer día de campaña, cuando calificó de «portazo» la resolución del Tribunal Constitucional: «La izquierda abertzale va a llamar a votar para construir en este país un bloque social y popular que le diga al Estado español y al PNV que queremos proceso, acuerdo y decidir».

Cuando hace algunos meses se hacía referencia al proceso y a las presentes elecciones forales y municipales, se aludía a éstas en términos bien diferentes a los que, en realidad, se van a desarrollar. Si se hubiesen respetado y cumplido las bases sobre las que se pudo comenzar el camino de la paz y la normalización, las mismas que propiciaron en marzo de 2006 el alto el fuego permanente de ETA, estos comicios hubiesen servido, qué duda cabe, de auténtico revulsivo para fortalecer la vía de la solución justa y definitiva. Por el contrario, el hecho de que dichas premisas hayan sido dinamitadas, como lo demuestra la propia ilegalización masiva de candidaturas, ofrece la radiografía exacta de la situación de crisis profunda del proceso. Con unas elecciones antidemocráticas difícilmente puede haber un proceso democrático.

Independientemente de que se pueda creer o no que el PSOE, apoyado por el PNV, ha tomado la decisión estratégica de dar por totalmente finiquitado el proceso, no se puede dejar de pensar que su gestión del tiempo hace que los márgenes a la esperanza se estrechen. Pasada la oportunidad de hacer evolucionar un proceso que, en un escenario de diálogo, se viera fortalecido precisamente en esta cita electoral, el PSOE parece poner su prioridad en neutralizar al PP (mediante el desmoronamiento de la «teoría de la conspiración» en el juicio del 11-M y la legitimación de sus posiciones en los tribunales respecto a las ilegalizaciones) y, al mismo tiempo, en limitarse a intentar desgastar a la izquierda abertzale, con la esperanza de llegar así, transitando por esta última recta de mandato, a la reelección de Rodríguez Zapatero a principios del año que viene. Un cálculo, de confirmase, cuando menos arriesgado, pues se sustenta en gestionar -que no controlar- una situación que por definición alimenta el conflicto político y dificulta la posibilidad de reinstaurar bases de solución. La última noticia sobre el «caso Egunkaria», con la decisión de abrir juicio oral pese a la petición de sobreseimiento por parte de la Fiscalía, se sitúa en esa misma lógica de no-solución, de consecuencias imprevisibles.

Por de pronto, lo que toca en las filas del PSOE es hablar de otras cosas que no sean estrictamente las relacionadas con el conflicto vasco. Días atrás, desde su círculo cercano se anunció que el presidente Rodríguez Zapatero no haría alusiones a ETA durante sus intervenciones electorales, algo que, por lo visto ayer, deja por ahora la cuestión en manos de la vicepresidenta María Fernández de la Vega, aunque, todo hay que decirlo, no pasa de ser un accesorio en ese intento de neutralizar al PP.

Por eso quizá, de salida, los portavoces del PSE y el PSN se han querido centrar en otras cuestiones, como Patxi López, quien aprovechó su intervención ayer en Gipuzkoa para hablar del fraude de la Hacienda de Irun, por el que las arcas forales habrían dejado de ingresar 3 millones de euros, y prometer honestidad. No fue el único en hacer referencia a la cuestión tributaria en Gipuzkoa, donde parece que este asunto puede convertirse convertirse en un tema recurrente de campaña. Tras el episodio de Jauregi, el candidato que pudo ser y no fue, este supuesto fraude podría ser un elemento de desgaste del PNV, que al fin y al cabo ha gestionado las arcas de la Hacienda guipuzcoana en los últimos 25 años. La influencia que las disputas entre los dos sectores del jelkidismo pudieran tener en todo esto constituye otro interrogante. Arzalluz, al menos, da por cierta esa relación, al afirmar que la información ofrecida sobre la esposa de Luis María Bandres, a quien se implica en el caso, es «un personaje un tanto mafioso del PNV» que trata de perjudicar al sector de Egibar.

A falta de debate fructífero sobre la cuestión central de la resolución del conflicto -aquella que se suponía prioritaria para todos los partidos, por encima de las aspiraciones electorales-, en cada ámbito pueden producirse temas estrellas más específicos. En estos primeros días, aunque siempre sin salirse del status quo de unas elecciones mediatizadas hasta el extremo por la ilegalización, la especulación sobre las mayorías de gobierno en el Parlamento de Nafarroa están teniendo un atractivo especial. Es difícil precisar el objetivo de estas primeras escaramuzas, hechas a base de encuestas un tanto raras. Los grandes titulares hablan de la posibilidad de desbancar a UPN, pero la lectura aritmética puede chocar con la realidad política.

Ya con temas de campaña prefijados, si no se hubiesen producido las protestas contra las ilegalizaciones, como la realizada ante Juan José Ibarretxe, la mayoría de los candidatos y líderes políticos habrían querido, a buen seguro, dejar a un lado el hecho de que a decenas de miles de personas se les ha cercenado su derecho al voto.

En general, la posición de las fuerzas que, en teoría, están en contra de la Ley de Partidos es hoy, respecto a los ilegalizados, mucha más dura que la que mantuvieron hace cuatro años, aunque cierto es también que entonces existió la sospecha de que detrás de algunos gestos de condena de la conculcación de derechos se escondía el indisimulado deseo de pescar en esos caladeros de votos.

Existe además todo un discurso para censurar a quienes han sufrido la tropelía de la ley de Partidos. Su socialización ha sido asumida con entusiasmo por la dirección del PNV, que no ha dudado en volver a la dialéctica de rencor de los tiempos de Ardanza y Atutxa. Nada es casual, y ese discurso tiene relación directa con la apuesta del partido de Imaz, quien comparó ayer a los militantes de la izquierda abertzale con las garrapatas.

El duro discurso busca marcar línea en el PNV, frente a la abominable izquierda abertzale y ensalzando las bondades de pactar en los términos de los últimos 25 años, sin cerrar las puertas al PP y, de paso, abriéndo- selas de par en par al PSOE.