Incluso en los espacios más críticos de la izquierda, los que más cuestionan el poder del Estado y sus formas de intervención e imposición, se da un mecanismo reflejo cuando se produce cualquier conflicto, sea político o social. Se mira al poder judicial como instancia de corrección de lo que hacen los demás poderes del Estado. Queda esa última esperanza de que la judicatura haga algo tan simple como cumplir las leyes, imponer las garantías que incluyen y reponer a personas y grupos en sus derechos, individuales o colectivos. En resumen, se espera que se produzca eso que se llama justicia. O dicho en sentido contrario, no se espera que los tribunales hagan trampa en la aplicación de la reglas de juego que el propio sistema político ha dictado.

Pero en la actual España, en esta época post-franquista o de monarquía parlamentaria que estamos viviendo, ésa es una esperanza vana.

El sistema de partidos imperante ha ido invadiendo desde el poder ejecutivo las esferas de los otros dos poderes clásicos, el legislativo y el judicial. Las cámaras parlamentarias se han convertido en correas de transmisión de esos partidos, limitándose a canalizar las decisiones tomadas en negociaciones o acuerdos ajenos al propio Parlamento. Y paulatinamente se ha ido colonizando igualmente el poder judicial. Tanto en sus órganos de gobierno como en la composición de sus tribunales más representativos.

En esta actuación han coincidido los dos partidos mayoritarios actuales, el PSOE y el PP. Y en el caso del PP, además, lo ha hecho, en los últimos años en que dispuso del Gobierno en Madrid, con una clara doble función. Primero, la de dominar de hecho todas las estructuras y poderes del Estado y perpetuarse en ellos de cara al futuro, al margen de cambios electorales. Y luego, porque además así minaban de hecho un sistema que llaman democrático, pero que detestan, porque ellos ni han sido ni son demócratas.

Así, cada despropósito procedente de Gobierno, Parlamento o judicatura, además de su efecto inmediato, servía para deslegitimar al propio sistema y permitía corregirlo hacia otro sistema de poder único y con diversidad de funciones. El que les gusta a ellos. Es decir, una dictadura aunque sea blanda en las apariencias.

De esta dinámica perversa no ha sabido apartarse el PSOE. Primero, por lo dicho de su concepción del partido político como dominante de la actividad política. Y además, porque todas estas actuaciones se han venido desarrollando, fundamentalmente, bajo las banderas de la lucha antiterrorista y la defensa de la unidad de la patria.

Poco a poco, al mismo ritmo con el que el Consejo del Poder Judicial quedaba desnudo de prestigio e independencia, se iba obligando al Tribunal Supremo y al Tribunal Constitucional a actuar en el marco de lo que se ha dado en llamar derecho o justicia del enemigo.

En ese contexto, las mermas de libertades y derechos, las actuaciones policiales contra toda disidencia, la desproporción de penas para cualquier activista vasco, se van convirtiendo en norma. La quiebra del ejercicio del derecho de libre expresión, el control de la política penitenciaria, la limitación del ejercicio de los derechos políticos... se han amparado en una batería de leyes, avaladas en su constitucionalidad por el Tribunal correspondiente, y ratificadas en su ejercicio por el Tribunal Supremo, que con su jurisprudencia las ha consagrado como aplicables.

Por ello, no nos deben sorprender las resoluciones que en los pasados días el TS y el TC han dictado respecto de las agrupaciones electorales y de las candidaturas presentadas por ANV a las elecciones municipales y forales que se van a celebrar el próximo día 27 de mayo.

Podremos realizar cuantos intentos queramos para explicar o entender que un Tribunal no se puede arrogar una competencia que no tiene. Que no puede invocar una norma en lo que le conviene, y aplicar como complemento otra que es excluyente. Que no puede prescindir del derecho de defensa. Ni de los criterios de interpretación de la prueba. Que no puede tomar iniciativas sustituyendo a una parte en la forma de pedir o proponiendo prueba que nadie ha propuesto. Que no se puede inventar la división teórica de un partido político, que nadie ha planteado, para poder resolver lo irresoluble.

Pero nada de esto nos permitirá entender lo que ha ocurrido estos días, si no abordamos la cuestión desde la perspectiva correcta. Estos dos tribunales han actuado así, han hipotecado el prestigio profesional de sus miembros, porque el interés del Estado, el del Gobierno, era eliminar de la confrontación electoral, o cuando menos debilitar de forma contundente, la presencia del mundo político de la izquierda abertzale. Todo ello por interés político. Fruto de un análisis que esperemos no termine resultando perverso en sus consecuencias. Y en ese altar se ha sacrificado el derecho, la justicia y a quienes debieran ejercerla. Porque nadie va a criticar demasiado unas resoluciones incomprensibles, cuando socialistas y populares coinciden en el objetivo común.

Es significativo que, cuando resuelven temas de incidencia política, los jueces sean clasificados por cuadras políticas: conservadores o progresistas. Pero más significativo aún es que ambas corrientes hayan dado a luz tantas sentencias unánimes, que son incomprensibles en derecho, y que consagran que las elecciones no van a tener su más elemental característica: la libertad. No van a ser libres, porque no vamos a poder todos votar y ser elegidos.

Los nacionalistas conservadores de este país no han aprendido de cómo les han ocupado los tribunales de las comunidades en que está dividida Euskal Herria. De cómo se usa un poder centralizado como el judicial, cuando tal cosa se considera necesaria. No han sacado conclusiones de la humillación a la que han sometido a políticos representantes de instituciones de estas comunidades. Ahora disfrutan de la fiesta antidemocrática, y hasta participarán de los despojos de las libertades ajenas.

La libertad sólo corresponde a quien se la merece. Y este pueblo es maestro en defender lo que le pertenece. Al final, se impondrán la lógica y los deseos de paz y libertad que brotan como las plantas. Hasta por los poros de las losas de hormigón que otros tratan de imponer.

No son tiempos fáciles, pero ello no nos resulta nuevo. Una y otra vez habrá que lograr avanzar para superar un conflicto que a todos abruma. Y se hará a pesar y al margen de lo que decidan, con criterios de pura oportunidad, los tribunales del poder judicial español.