El Consejo de Gobierno de la UPV decidió, en reunión celebrada el pasado 17 de abril, abrir la vía contemplada en las disposiciones transitorias de la Ley Universitaria Vasca para permitir el acceso a plazas de esa universidad al profesorado que no imparte actualmente docencia en ella, pero que lo hizo al menos durante cinco años en el pasado.

Los firmantes de este artículo, a título exclusivamente propio, queremos señalar nuestra posición sobre el tema, para que sea conocida tanto por la sociedad vasca como por la comunidad universitaria y para que no haya lugar para otro tipo de interpretaciones.

El conjunto de los profesores afectados por el acuerdo del Consejo de Gobierno no es un colectivo homogéneo. Los profesores despedidos desde hace quince años tenemos unas reivindicaciones especificas, así como una historia y una situación totalmente singulares, en absoluto equiparables al resto de los aspirantes. La decisión de la Junta de Gobierno de abrir un plazo de tiempo para solicitar de forma individual y dependiendo de los informes de los departamentos afectados nuestra reincorporación a ellos, no constituye, a nuestro entender, una vía adecuada para abordar en su dimensión integral la problemática derivada de nuestros despidos. Ya que no hace justicia ni a la condición de grupo, ni al contenido de nuestras demandas, ni a la naturaleza particular de un proceso que ha conllevado tantos años de lucha y sacrificio.

Nos consideramos despedidos porque si bien es cierto que nos negamos a firmar el contrato administrativo, la Universidad tenía en aquel momento capacidad y autonomía suficientes para poder ofrecernos un nuevo contrato, plenamente legal. Ello quedó bien demostrado en el acuerdo que suscribimos con el rector Goiriena de Gandarias bajo la mediación del presidente del Consejo Social Ignacio Etxeberria. Las razones para denegar este acuerdo por parte de la Junta de Gobierno de aquel entonces fueron de carácter político-ideológico e incluso personal. Y ello se comprueba por la reacción actual de sectores del profesorado que quince años después se oponen a nuestra readmisión arguyendo motivos verdaderamente peregrinos. Lo que ha cambiado con el tiempo es la composición de ese órgano de gobierno y el hecho de que la iniciativa esté avalada por una ley comunitaria. Ambas circunstancias son las que han permitido una votación ampliamente mayoritaria y favorable al reingreso de los profesores represaliados. De ahí que resulte inadmisible cualquier tipo de veto promovido por algunos mandarines académicos. Si el acuerdo de 1993 se hubiese cumplido, hoy seguiríamos siendo profesores universitarios con iguales condiciones que el resto de nuestros compañeros. Esto tiene que tenerse en cuenta de cara a la resolución definitiva del conflicto.

Nos consideramos pues profesores injustamente excluidos de la UPV y reclamamos la consecución de un nuevo acuerdo mediante un proceso negociador que parta de aquel otro de 1993, adaptándolo naturalmente a la situación actual y al tiempo transcurrido. Este pacto debería tratar los mismos aspectos que el anterior con la dimensión temporal ya mencionada: departamentos, salarios, antigüedad, seguridad social, garantías de cumpli- miento de lo acordado etc. La universidad tiene con nosotros una deuda pendiente, deuda no sólo económica sino política y moral que de alguna manera, previamente convenida por las partes, debe satisfacer. Siempre bajo los principios de igualdad en las condiciones académicas y laborales a las del resto del profesorado con contrato administrativo, la no exclusión de ningún afectado y la no discriminación de los departamentos. Nuestra incorporación a la universidad, mediante lo dispuesto en las transitorias, será consecuencia de este acuerdo previo. Consideramos que se trata de negociar un «paquete» integral en el que se incluya como uno de los puntos las características de esa incorporación. No queremos un indulto (gracia unilateralmente concedida) sino una auténtica amnistía que implica de algún modo el reconocimiento de la justeza de nuestra lucha y la reparación (en la medida de lo posible) de los agravios cometidos contra nosotros.

Hoy afortunadamente el panorama universitario ha cambiado. Existen diversas modalidades de contrato laboral y pronto se pondrán en funcionamiento figuras propias de profesor permanente. Los anteriores contratados administrativos se incorporarán a ellas en condiciones satisfactorias e incluso la ley permite al profesorado que abandonó en su momento la UPV su ingreso en ella. La autonomía de la universidad y la de la comunidad vasca se han reforzado al ampliar sus campos de competencias, ya que han aumentado considerablemente sus capacidades legislativas y de gestión en todo lo relativo al profesorado contratado. Pensamos que todo ello es altamente beneficioso no solo para la universidad sino para el pueblo vasco, desde una vertiente nacional, pues se ha conseguido romper el monopolio funcionarial en el mundo universitario. Esperemos que estos logros, de los cuales nosotros somos en cierta medida también responsables, ayuden a las autoridades académicas a impulsar una solución definitiva, justa y digna a este largo contencioso histórico.