Hace unos meses denunciamos los intentos de prorrogar el III Plan de Empleo que finalizaba su vigencia de tres años este año. Finalmente a escasos días del fin del mandato del actual Gobierno de Navarra, y con la incógnita de saber quien ocupará la responsabilidad del nuevo Gobierno de Navarra, se ha firmado una prórroga con un alto coste para la ciudadanía navarra y con una escasa ética democrática. Criticamos esta prórroga porque:

-El Plan de Empleo tiene un altísimo coste para las arcas públicas de Navarra, que se gestionará por tres agentes totalmente parciales: la patronal, que ya de por sí recibe todo tipo de ayudas de parte de las administraciones (fomento de la contratación, inversiones, etc); y los sindicatos UGT y CCOO, que no son ni los únicos sindicatos en Navarra ni tienen una gestión de esos fondos transparente ni fiscalizada por la Cámara de Comptos.

El coste del anterior Plan era de 431.6 millones de euros (71.646 millones de pesetas) y ahora la prórroga de solo un año supone 143.9 millones de euros (23.887,4 millones de pesetas); una barbaridad de dinero. Para hacernos una idea de este montante estaría bien dividir la cantidad de 23.887,4 millones de pesetas que se les da en un solo año entre las 600.000 personas que vivimos en Navarra, el resultado es que cada ciudadano tiene que dar a estos tres agentes 39.812 pesetas, casi 40.000 pesetas en un solo año por esta prórroga, además de las 120.000 pesetas que han dado en la vigencia de los tres años del actual III Plan de Empleo.

-Los sucesivos planes de Empleo no han cumplido algunos de sus principales objetivos: así se está lejos del 18% de temporalidad buscado en el anterior plan, estando ahora en el 27%. La tasa de paro buscada (no superar el 5%) prácticamente se cumple ya que estamosen un 5,14%; pero la de paro femenino se encuentra por encima del objetivo. Por todo lo que hemos visto el objetivo que se marcan ahora, con el nuevo Pacto por la Estabilidad en el empleo (paralelo al Plan con otra alegre dotación de 100 millones de pesetas) hasta 2009, de una temporalidad de un 14% es una auténtica vacilada que no se la creen ni los propios firmantes.

-Creemos que la vía de la concertación social es insuficiente y muy limitada; y con un alto coste. En nuestra opinión si en Navarra no se hubiera firmado ningún Plan de Empleo desde el 1998 estaríamos en una situación parecida. Tenemos el ejemplo de CCAA vecinas que sin planes millonarios de estas carac- terísticas tienen una temporalidad más baja y tasas de desempleo parecidas: País Vasco con una temporalidad de un 27,8% y una tasa de paro del 6,65%; Aragón con una temporalidad de un 27,6% y un paro de 5,71%; La Rioja con un 24,3% de temporalidad y un paro de un 6,75%.

La temporalidad ha bajado en Navarra un 4% desde el final del primer semestre del 2006, no por el efecto de estos planes de Empleo sin compromisos, sino por el efecto del Plan de Choque de la Reforma Laboral firmada el pasado mayo, con un coste altísimo para las arcas públicas donde se está subvencionando con dinero público la conversión de temporales a indefinidos (2.165 millones de euros, de los cuales el 74% va directo a los bolsillos de las empresas). Hay que recordar que este año el Estado se gasta más de 7.000 millones de euros en promoción del empleo.

-Además, como denunciamos en su día en la Comisión de Industria del Parlamento de Navarra, su gestión no es la más acertada y genera efectos perversos como la profundización de la división sindical navarra, tan beneficiosa para los intereses empresariales. No están ni todas las asociaciones del mundo económico de Navarra ni todos los sindicatos que superan el 10% de representatividad. Este Acuerdo supone el abrazo económico del oso del Gobierno de UPN-CDN a UGT y CCOO; abrazo que parece no disgustarles a los dos. Sería de interés público que los dos sindicatos mayoritarios en Navarra fueran transparentes con la sociedad y aclarasen qué porcentaje de su financiación proviene directamente de las arcas públicas.

En nuestra opinión la alternativa realmente válida está en potenciar claramente las herramientas de Inspección, para combatir el fraude masivo en la contratación temporal, que no se tiene por qué dar de forma inevitable ni «necesaria», como afirma el presidente de la CEN «en determinados sectores». Bien se pudiera haber invertido todo este espectacular cúmulo de dinero en reforzar las medidas contra el fraude y los abusos de la parte más fuerte en una relación laboral, las empresas; seguro sería más efectivo.

Sabíamos que las direcciones de UGT y CCOO se sentían preocupadas por un posible cambio de Gobierno como el que demanda la mayoría de la sociedad, lo que no sabíamos, ahora sí, era hasta dónde iban a llegar para tratar de impedirlo. Es de suponer la frustración de muchas personas honestas de ambos sindicatos ante el papel servil de sus dirigentes y es de suponer también las mismas sensaciones en las gentes de PSN e IU que trabajan por un cambio de izquierdas. Tiempos duros para soñar con la utopía, aunque esperamos y deseamos que esta vez sí les salga mal la jugada.