El fraude millonario destapado en la Hacienda de Irun tiene una nueva «víctima». Tras la dimisión presentada por el ex senador del PNV Víctor Bravo, ex director general de la Hacienda guipuzcoana, además de hermano y socio del principal imputado en el escándalo, Jose María Bravo, ahora el obligado a dejar su puesto no es un «ex», sino un miembro en activo del actual equipo dirigente en la Diputación. Se trata de Rufino Eizagirre que, aunque mantendrá su puesto de funcionario, no seguirá ejerciendo como jefe de la oficina técnica de gabinete, dependiente del diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan Gonzalez de Txabarri, quien forzó ayer su destitución.

Cada día que pasa se destapan nuevos datos en un escándalo que no puede sino causar inquietud en la ciudadanía guipuzcoana. Cierto es, y así hay que reseñarlo, que fue el propio Gonzalez de Txabarri el que abrió el camino al cese confirmado ayer, como también es cierto que el hasta ahora fiscal del caso, Jaime Goyena, se felicitó por la colaboración recibida del ente foral en la investigación de la trama. Con todo, las sombras siguen imperando sobre las luces en el caso Hacienda de Irun, y cabe esperar que este escándalo conozca mejor suerte que el destapado en la Hacienda de Bizkaia. En ese caso, la supuesta trama que servía para bloquear investigaciones a determinados empresarios sigue un tortuoso proceso en tribunales. Si en el caso de Bizkaia el principal referente ha sido el entonces inspector jefe de la Hacienda, Juan Ramón Ibarra, en el de Irun el nombre más visible es el del ex director de la oficina de Irun, José María Bravo, aunque, como se deduce del cese de Eizagirre, los nexos con puestos de responsabilidad política o, como gusta decir al PNV, «de gestión», saltan a la vista.

Es comprensible que algunos responsables políticos se sientan molestos por esta «interferencia» en una campaña en que se decide el gobierno del ente foral. Sin embargo, para la ciudadanía lo preocupante es que un fraude de esas dimensiones pueda llegar a producirse durante nueve largos años, durante más de dos legislaturas, con distintas fórmulas de pactos entre partidos sosteniendo las instituciones. Por lo demás, hay circunstancias en este caso que llaman la atención incluso a los más profanos en materia fiscal. Así, personas que en el auto se califican de «víctimas» y que recurrían presuntamente al ex director de la oficina de Irun para limpiar sus expedientes de deudas lo hacían con pagos millonarios... en metálico. Sin perjuicio de lo que arroje la investigación judicial, cabría pedir explicaciones sobre algunas prácticas y procedimientos que pueden hacer pensar que no existe un trato igual para todos los contribuyentes guipuzcoanos.