La justicia es ciega, pero no sorda. Y en Euskal Herria escucha sólo si quien habla lo hace en castellano. Si no, le ponen un traductor. Ya hable en chino, rumano, ruso o... euskara, el idioma de los vascos. Y Gabi Basañez lo es. Los máximos responsables de la Administración de Justicia han decidido que los ciudadanos euskaldunes, como Gabi, disponen de «todos» sus derechos, pero traducidos al castellano. Que pueden defenderse, pero en una lengua que no es la suya, como si tampoco se encontrase en su tierra. Y eso Gabi ni lo entiende ni lo acepta.

Su historia, la del juicio que ayer se celebró sin su presencia, comenzó en 1994. Un día de julio en Sopela, una protesta contra las corridas de toros y, tras la intervención de la Ertzaintza, varios heridos, algunos de ellos agentes. Por estos hechos, el fiscal pedía para los siete acusados tres penas de dos años por desórdenes públicos, atentado y lesiones, respectivamente.

En una primera vista, celebrada en junio de 2001, el fiscal cambia su petición inicial por otra de seis meses por desórdenes. Seis de los acusados dan su conformidad; Gabi Basañez no, y exige que su juicio se desarrolle en euskara. La siguiente cita con la Justicia sería en febrero de 2002. Entonces, la defensa de Basañez, ejercida por el abogado Alfontso Zenon, reclama que el juicio se desarrolle íntegramente en euskara y avisa de que su defendido abandonaría la sala en caso de tener que someter sus palabras a un proceso de traducción.

Un juez euskaldun expedientado

El juez, Angel Gil Hernández, euskaldun, atendiendo a las demandas del ciudadano vasco, suspende el juicio y se compromete a convocar un nueva vista con la presencia de un fiscal euskaldun. Una decisión que le costaría al juez un expediente -por pedir un fiscal euskaldun-, con el que los responsables de la Judicatura reconducen el proceso al cauce del que nunca `debió' salir: el juicio se celebrará en castellano y con traductor.

4 de junio de 2002. Eusko Ikaskuntza entregaba a Bernardo Atxaga el premio Humanidades, Cultura, Artes y Ciencias Sociales por su «aportación a la cualificación del euskara unificado como lengua literaria». Gabi no tenía tanta suerte. Ese mismo día, el juez dictaba orden de búsqueda y captura contra el joven militante de Euskal Herrian Euskaraz, que no se había presentado ante el juzgado porque se le había cursado la citación sólo en castellano. La orden finalmente no se ejecuta, pero ante la acumulación de vulneraciones, Gabi inicia una huelga de hambre y hace pública su situación en clave de denuncia. Entonces no sabía que las cosas aún se podían poner bastante peor.

Y así fue en setiembre de ese mismo año. Una nueva juez, erdaldun y de nombre María Luisa Arenaza, acusa de desobediencia a al abogabo Alfontso Zenon cuando éste abandona la sala tras reclamar, en nombre de su defendido y sin éxito, que la vista se desarrolle en euskara y sin traductor. Además, pone en marcha un procedimiento contra el letrado que terminará por apartarlo de la defensa de Gabi, a quien se asigna un abogado de oficio, euskaldun, que intenta renunciar dadas las circunstancias del caso. Una providencia del juez lo impide y le obliga a seguir en la defensa. En junio de 2003 entra en escena un nuevo juez, Manuel Aleis López, erdaldun.

En 2004 el caso parece dar un giro copernicano, cuando la Audiencia de Bizkaia interpone ante el Tribunal Constitucional español un recurso en el que plantea la inconstitucionalidad de una ley que no protege los derechos lingüísticos de quienes aspiran a ejercer su defensa en euskara.

Sin embargo, nueve meses después, la cúspide de la pirámide del sistema judicial español alumbra una previsible decisión: el sistema de traducción no conculca derechos. Y, a renglón seguido, la Audiencia decide, a pesar de su desacuerdo con el Constitucional, seguir adelante con el juicio con el formato de la lengua cervantina. Y le pone fecha: 22 de mayo de 2007. Ayer, a las 9.45.

Gabi Basañez no acudió al juicio. Apenas una hora más tarde, en la sede del Colegio de Abogados de Bizkaia, comparecía ante los medios de comunicación para explicarse: «Hemos tratado por todos los medios de que se celebre el juicio en euskara, y no ha sido posible. Y lo interesante del caso es que, con la actitud inicial del juez Angel Gil, se demostró que aunque es realmente viable, aquellos jueces que se muestran a favor de esa vía terminan sancionados. También hemos asistido al intento de la Administración de Justicia de Bizkaia ante el Constitucional, y al consiguiente veto desde Madrid».

Y como consecuencia: «Mientras Euskal Herria no logre un sistema de justicia que emane de un poder político propio e independiente, no habrá derechos lingüísticos para los euskaldunes».