El fiscal general del Tribunal Penal Internacional (TPI), Luis Moreno Ocampo, anunció ayer la apertura de una investigación por «crímenes graves», como homicidios, violaciones y saqueos, cometidos en la República Centroafricana (RCA) entre 2002 y 2003 en el contexto de los enfrentamientos armados entre el Gobierno y grupos rebeldes, según un comunicado. Se trata de la primera vez que el TPI abre una investigación en la que las acusaciones por crímenes sexuales superan ampliamente a las de asesinatos.

«Mi oficina ha analizado con atención las informaciones procedentes de diversas fuentes» y «pensamos que en la República Centroafricana se cometieron crímenes graves que entran en la competencia del Tribunal», declaró Moreno Ocampo. «Vamos a iniciar nuestra propia investigación de forma independiente, reunir pruebas y perse- guir a los principales responsables», añadió.

Un primer análisis de los crímenes revela que entre octubre de 2002 y marzo de 2003 «se alcanzó un pico de violencia y criminalidad», se lee en el informe de Moreno. Gran parte de los crímenes fueron cometidos en los alrededores de la capital, Bangui, pero también en zonas más alejadas. En ese periodo, se cometieron «los más graves crímenes», como asesinatos, actos de saqueo y violaciones. Aparte, se constatan «violaciones y otros actos de violencia sexual perpetrados a gran escala por individuos armados», prosiguió el TPI. De hecho, «la violencia sexual parece haber constituido un componente central del conflicto», indicó.

Según Moreno Ocampo, «las acusaciones por crímenes sexuales están precisadas y apoyadas» en datos. En ese periodo de cinco meses, según el fiscal, se ha identificado al menos a 600 víctimas de violaciones. «Por las informaciones de que disponemos, el número de violaciones fue tal que no es posible que sean ignoradas por el Derecho Internacional».

La Oficina del Fiscal ha recibido los testimonios de cientos de víctimas de violaciones, cometidas «con especial crueldad». Las víctimas describen violaciones sufridas en público, actos de violencia cometidos por varios agresores a la vez, violaciones en presencia de miembros de sus familias y otras agresiones.

Entre las víctimas figuran mujeres de todas las edades -desde ancianas hasta niñas- e incluso hombres. El impacto social de estas agresiones «ha sido devastador», ya que muchas de estas personas, según Moreno Ocampo, fueron rechazadas por sus familias y sus comunidades y un número no precisado «habría sido infectado con el VIH». «Estas víctimas reclaman justicia», manifestó.

El propio Gobierno de la República Centroafricana ha remitido el caso ante el fiscal general del TPI. Poco antes, la Corte de Casación había concluido que la Justicia centroafricana no tenía medios para iniciar un proceso contra el ex presidente Patassé, el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (RDC) Jean-Pierre Bemba, el ex jefe de la guardia presidencial de Patassé, Abdoulaye Miskine, el chófer del ex presidente Victore Ndoubabé y el ex policía francés Paul Barril, acusados de la represión posterior al intento de golpe de Estado.