Hay quien pretende hacer ver que la cuestión central de estas elecciones municipales y forales es si determinadas siglas de la izquierda abertzale pueden o no presentarse a las elecciones. Eso no es así. La cuestión central es que decenas y decenas de miles de vascas y vascos ven conculcados su derecho de sufragio pasivo y activo. No es cosa de listas, sino de que el próximo domingo en Euskal Herria no van a poder celebrarse unas elecciones en condiciones democráticas porque cada cual no podrá votar a quien quiera. Y ello, además, será así merced a una legislación de excepción impuesta en contra de la voluntad mayoritaria de la ciudadanía vasca.

Ante esta situación en el panorama político vasco se están dando tres tipos de respuestas.

Por una parte están aquellos que impusieron y mantienen esta situación de apartheid. PSOE y PP-UPN defienden sin ambages que una parte de la ciudadanía -que en ocasiones ha llegado a ser casi 1 de cada 5 votantes- no tiene derecho a elegir ni a ser elegida porque forma parte, ampara, sostiene o no condena a ETA, o aunque ni forme parte, ni ampare, ni sostenga e incluso rechace la violencia, mantiene algún tipo de vínculo con quienes forman parte, amparan, sostienen o no condenan a ETA.

En un segundo grupo se sitúan aquellos que dicen rechazar esta situación antidemocrática pero, por distintas razones, en campaña se acomodan a ella y después, durante cuatro años, se aprovechan de la misma ocupando más cargos que los que les corresponderían atendiendo a la voluntad popular expresada en las urnas. Tal actitud se puede justificar de muchas maneras, pero objetivamente se aprovechan de una situación que ellos mismos denuncian como injusta. ¿Qué hubiera ocurrido si desde un principio en lugar de plegarse hubieran plantado cara a la ley? ¿Habría elecciones en Euskal Herria si todos cuantos dicen oponerse a la Ley de Partidos hubieran rechazado participar en unos comicios no democráticos?

Y en un tercer grupo están los que sufren más directamente esta legislación de excepción, viendo que han pasado a ser ciudadanos de segunda en su propia tierra, privados por motivos ideológicos de poder presentarse en una candidatura o votar a la que deseen. De entre ellos, hay algunos que consideran que su protesta ante semejante situación debe hacerse de manera activa frente a quienes la han creado y quienes se aprovechan de la misma.

Y ahora resulta que el que un grupo de ciudadanos proteste ante el ministro de Justicia que sonreía en los cursillos de cirugía del Fiscal General del «quizá nos hemos pasado, pero ha colado», o ante otros que han expresado su regocijo por la exclusión o han gobernado en municipios donde la mayoría absoluta de votos fue anulada hace cuatro años, es la mayor conculcación de derechos que se produce en esta campaña.

Analicemos los hechos. Podemos distinguir entre aquellos en los que ha habido uso de la violencia y aquellos en los que no. Y entre los primeros se puede diferenciar si ha habido daños contra las personas o únicamente contra los bienes.

Habrá que admitir que los daños contra personas han sido mínimos. Cabe recordar un incidente en el inicio de la campaña en Bilbo con un enfrentamiento nocturno entre un grupo de personas y los escoltas de dos candidatas del PP. Hubo heridos por ambas partes. Pero resulta difícil creer que quienes se encararon con la comitiva del PP fueran de la izquierda abertzale, cuando algunos de ellos se presentaron después ante la Ertzaintza para formular denuncia y no fueron detenidos.

En cuanto a los ataques contra bienes, los daños han sido en todos los casos muy limitados, aunque ello no justifique estas acciones.

Lo que más ha habido en estos días son interrupciones de actos o protestas ante candidatos. Se puede hablar de interferencias de campaña, pero en ningún caso se ha producido una conculcación de derechos ni mínimamente asemejable a la que padecen quienes se han visto excluidos antidemocráticamente de las urnas.

Probablemente a toda la ciudadanía le gustaría que la campaña electoral se desarrollara con «normalidad» pero ¿es normal una campaña cuando decenas de miles de personas no tienen derecho al voto? La ocupación de un escenario ajeno puede durar unos segundos -pronto llega la fuerza policial para acabar con ella-, por contra, la ocupación de una concejalía o incluso de una alcaldía ajena dura toda una legislatura.

Este apunte conduce a un nuevo punto, el de la legitimidad de las instituciones que surjan de estas elecciones. ¿Pueden considerarse legítimas los ayuntamientos o JJGG que emanan de unas elecciones en las que el sufragio no es realmente universal?

Pernando Barrena puso ayer la cuestión sobre la mesa. Y, la propuesta que hizo -convocatoria de nuevas elecciones- tiene difícil encaje normativo salvo en el caso del Parlamento de Nafarroa. Además, suena a ciencia-ficción si se observa el comportamiento que han tenido otros partidos durante la pasada legislatura y los que ya se adivinan para el futuro.

Pero lo que resulta llamativo es que quienes critican tanto la Ley de Partidos como las propuestas de la izquierda abertzale no ofrezcan ningún tipo de alternativas para restablecer el respeto a la voluntad popular. Allá donde se han buscado resquicios legales, los intentos se han topado con el rechazo de las direcciones del PNV -como fue el caso de Lizartza- o de Nafarroa Bai -como sucede ahora en Etxarri, Ziordia y Bakaiku-. Lo que, inevitablemente, lleva a cuestionarse si los discursos de estos partidos en defensa de unas elecciones verdaderamente libres, coincide después con sus hechos.

Entre tanto, algunos seguirán poniendo su lupa en unos pocos gritos y no en tantos clamorosos silencios.