Eizagirre, segunda «víctima política» del fraude de Hacienda
El diputado general de Gipuzkoa, Joxe Joan González de Txabarri, anunció ayer al consejo de diputados la destitución del miembro de su gabinete Rufino Eizagirre, socio del ex director de la Hacienda de Irun José María Bravo en dos empresas supuestamente empleadas para blanquear el dinero defraudado. Eizaguirre es una de las personas que figura en el entramado de dieciséis empresas presuntamente utilizadas por los cuatro imputados en el caso.
GARA |
El caso de la Hacienda de Irun continúa añadiendo capítulos a un escándalo que crece a medida que se van conociendo detalles. Ayer, el consejo de diputados se reunió con la situación de Rufino Eizaguirre dentro del orden del día, aunque según informaron fuentes de la propia Diputación, se trató únicamente a nivel informativo, ya que este organismo no es competente para decidir la destitución de este cargo público de libre designación del gabinete de Txabarri.
No obstante, Txabarri comunicó al consejo la destitución del jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales dependientes del diputado general, Rufino Eizaguirre Olcoz, quien figura en la denuncia del fiscal como socio de Bravo en la empresa Roza Cabrera SL, mientras que participaba también en Ekialde SL, otra compañía de las que, según la denuncia, se utilizó para blanquear el dinero procedente del supuesto fraude de la oficina de Hacienda de Irun.
Eizaguirre mantendrá su plaza de funcionario pero no seguirá desempeñando el cargo de jefe de la oficina técnica del gabinete y las direcciones generales del diputado general, cargo público al que accedió por libre designación.
La decisión de destituir a Eizaguirre se tomó el jueves de la pasada semana. Su patrimonio será investigado, al igual que el de las otras 17 personas que figuran en la denuncia formulada por la fiscalía como «partícipes» de la red de empresas vinculadas al supuesto «cerebro» de la trama y principal imputado José María Bravo Durán -junto a él figuran Rosa Cobos Crespo, Pilar Gracenea Echegoyen y Pedro María Atristain-.
En la relación de personas «salpicadas» por las andanzas de estas personas, además de Eizaguirre, figura el ex senador del PNV y ex director de la Hacienda foral durante los años en los que supuestamente ocurrieron los hechos, Víctor Bravo, hermano del principal imputado, y su segunda esposa, María Aranzazu Arbelaiz, que fue presidenta del Tribunal Económico Administrativo de la Diputación de Gipuzkoa y actualmente es directora de Servicios del departamento vasco de Industria.
Rufino Eizaguirre es la segunda persona obligada a asumir responsabilidades políticas por el caso del presunto fraude en la Hacienda de Irun, después de que el pasado 14 de mayo, el senador del PNV Víctor Bravo renunciara a su cargo para «defender mejor su inocencia».
Según la denuncia, José María Bravo, «amparándose en el acceso a la información que su cargo le brindaba», contactaba con personas con deudas tributarias pendientes, a quienes reclamaba el pago y terminaba rebajándoles la cantidad adeudada, que no ingresaba en Hacienda una vez cobrada. Sólo en una ocasión ingresó 1.200 euros de un pago de 3.000.
Rufino Eizaguirre es la segunda persona obligada a asumir responsabilidades políticas por el caso de la Hacienda de Irun, después de que el 14 de mayo dimitiera el senador del PNV Víctor Bravo, hermano del principal imputado
Carlos Querejeta, abogado del principal abogado José María Bravo, afirmó que su cliente le comunicó que «no puede pagar» los 400.000 euros de fianza impuesto el pasado día 18 por la juez Almudena Ovejero para eludir la cárcel. En su auto, la jueza fundamenta la medida en la gravedad de los hechos y por la posibilidad de que el acusado pudiera alterar pruebas.
Sin embargo, la trama de empresas organizada y los bienes acumulados por el «cerebro» son muy importantes. Así, es administrador de dieciséis empresas, en las que figuran como socios otras diecisiete personas, utilizadas para blanquear el dinero procedente del pago de deudas tributarias, según la fiscalía.
José María Bravo, que llegó a acusar a sus compañeros de oficina de robar el dinero que él había presuntamente robado, es propietario de una mansión en la localidad de Urruña, construida cuando ya se encontraba al frente de la oficina de Irun y valorada, según algunas fuentes, en más de un millón de euros. El «cerebro» Bravo también es titular de dos apartamentos en Marbella, una vivienda unifamiliar y un hotel en el valle de Jerte (Extremadura), dos locales comerciales en Irun, otras tres fincas rústicas en Jerte y de dos más en Huesca.
La Diputación dejó de ingresar 5 millones de euros, y la fiscalía le acusa de apropiarse de 1,5 millones.
