Varias reuniones celebradas por los representantes del Gobierno español y ETA en un país europeo a mediados del mes de diciembre de 2006 evidenciaron la escasa disposición del Ejecutivo Zapatero a poner en marcha el contenido político del acuerdo suscrito en 2005, que dio pie tanto al alto el fuego permanente como a la declaración del presidente español. Esta cuestión terminó por destaparse después de varios meses de contactos en los que la organización armada denunció los reiterados incumplimientos de los compromisos y las garantías adoptadas por ambas partes en la fase inicial, y que se repasarán en las dos siguientes páginas de esta información.

En esos meses anteriores, sin embargo, Gobierno y ETA hablaron más de las crisis por la vulneración de las garantías (detenciones, ilegalización...) que del fondo político. De hecho, en diciembre fue a partir de la discusión abierta sobre la persistencia de la ilegalización de Batasuna cuando afloró la nega- tiva del PSOE a afrontar la búsqueda del acuerdo político.

Esta crisis estallaría en una mesa de negociación cuyo formato había dado un salto adelante al contar con la participación de un alto representante gubernamental del país anfitrión de los contactos, además de los mediadores de la organización internacional especializada en resolución de conflictos que había facilitado el trabajo en las fases anteriores.

La información sobre estas reuniones a la que ha tenido acceso GARA refleja contradicciones y vaivenes en el discurso de los delegados del Ejecutivo de Zapatero. Así, el representante de nivel más cualificado indicó de entrada -tras denunciar ETA que el acuerdo se estaba incumpliendo «en su totalidad»- que «parece que tenéis la sensación de que existe un intento o una estrategia de desnaturalizar el proceso.... Quitáos eso de la cabeza», pidió a los representantes de la organización armada. Sin embargo, poco después la representación estatal se negó a suscribir que el logro del acuerdo político entre los partidos vascos debía acompañar a la legalización de Batasuna, como planteó ETA por escrito en un cruce de propuestas entre ambas partes.

En este punto de la discusión, uno de los interlocutores estatales se quejó de que «todo lo condicionáis al acuerdo político». Y otro de sus dos compañeros admitió que, por su parte, «la mesa no se pensaba mover en dos años. Nosotros jugábamos con otro esquema... Primero, los presos. Tenéis que comprender que para nosotros es muy duro que se hable de Zuberoa, de relación con Navarra... Todo eso para el Gobierno es muy duro».

Contradicciones

Cabe citar que para aquel entonces las reuniones intensivas entre PSOE, PNV y Batasuna en busca de un acuerdo resolutivo habían concluido sin llegar a un punto de consenso, aunque se mantenían los contactos. De ello parecía hacerse eco la representación estatal cuando expuso que «han surgido obstáculos y no sabemos si encontraremos fórmulas para superarlos». Curiosamente, en la primera intervención de la misma reunión uno de los interlocutores estatales había dicho justo lo contrario: «Está a punto de cerrarse el preacuerdo».

ETA no ocultó su contrariedad. Reprochó la utilización constante de discursos «en términos de Constitución» por parte de los mandatarios españoles, y subrayó que «pasan los meses y no se escenifican los acuerdos, y los que lo bloquean son PNV y PSOE». En cualquier caso, del contenido de estas conversaciones de diciembre se desprende con claridad que ambos carriles -el Gobierno-ETA y el PSOE-PNV-Batasuna- llevaban dinámicas independientes.

Derivación del acuerdo

Cuando este debate salta sobre la mesa, los delegados de Zapatero recurren a atribuir a ETA un supuesto afán de «tutelar» la discusión política. Desde el otro lado se les replica que «nunca hemos pensado en tutelar, pero en los acuerdos hay unos compromisos políticos que debéis desarrollar».

Se refiere con ello a los primeros puntos del pacto alcanzado en las reuniones de 2005, en los que se establece que «el Gobierno español respetará las decisiones que sobre su futuro adopten libremente los ciudadanos vascos» y se añade que «son los partidos políticos vascos, así como los agentes sociales, económicos y sindicales, quienes los alcanzarán» sobre la base del consenso y la igualdad de condiciones entre todos ellos.

ETA argumenta que al reclamar este acuerdo político no está haciendo más que reivindicar el desarrollo del pacto suscrito en 2005 por Gobierno y ETA para dar inicio a este intento de solución al conflicto. Y propone en esta línea consensuar un «fin político» para el proceso y «hacer un camino en común».

La demanda de la organización armada es respondida con alusiones a la dificultad del acuerdo político. Los tres enviados de Madrid sitúan por ejemplo a Nafarroa como escollo, en sintonía con la actitud adoptada por PSOE y PNV en la recta final de las conversaciones entre los partidos en Loiola, pocas semanas antes. Los interlocutores de ETA salen al paso de este argumento para recordar que «no caben interpretaciones sobre territorialidad y sujeto, eso está en los acuerdos». En concreto, la primera de las «aclaraciones» al texto base pactadas por ambas delegaciones establece que los acuerdos a alcanzar por los partidos se referirán «al futuro de los ciudadanos de Araba, Gipuzkoa, Bizkaia y Nafarroa, constatando la existencia de dos comunidades autónomas y te- niendo en cuenta dichos marcos institucionales para su puesta en práctica». La parte estatal gira entonces de nuevo su discurso, para afirmar al final de esta reunión que «no pensamos que Navarra sea un problema».

Estos contactos de diciembre no deparan ningún avance. El resto de las reuniones se consumen en censuras de ETA al Gobierno sobre el incumplimiento general de sus compromisos, ante lo que los interlocutores de Zapatero contraatacan pidiendo nuevos pasos o argumentando sus dificultades internas. Desde este lado de la mesa se ofrecen, como ya había ocurrido en meses anteriores, posibles movimientos en materia penitenciaria o judicial que no se acaban de concretar (se argumenta por ejemplo que el Gobierno no quiere que Jarrai-Haika-Segi sean considerados parte de ETA, aunque la Fiscalía sí lo defendería ante el Tribunal Supremo y lograría cambiar el fallo inicial de la Audiencia Nacional). Y ETA, al hilo de ello, muestra preocupación porque «constatamos reunión tras reunión que no se habla del pacto de Estado, y lo firmamos en su día con el ánimo de blindar lo acordado». La parte estatal insiste en que no puede controlar todos los factores, pero que tiene voluntad y necesita «oxígeno». Reclama para ello que se abra la denominada «tercera fase» de la negociación Gobierno-ETA, entrando a abordar cuestiones como presos o desmilitarización.

Las intervenciones de los mediadores en esta fase de las negociaciones muestran su plena consciencia de la crisis. Pero consiguen que ambas partes se citen de nuevo para finales de enero, deseando que para entonces se logre «una visión más compartida». No hay más reuniones en las próximas semanas. El 30 de diciembre, ETA hace estallar un potentísimo coche-bomba en la T-4 del aeropuerto de Barajas.