Son 19 las personas llamadas a comparecer el próximo 24 de julio en la Audiencia Provincial de Nafarroa por haberse encadenado a varias viviendas del ya desaparecido pueblo de Itoitz para evitar su destrucción y posterior inmersión.

El 16 de junio de 2003 comenzó el desalojo y destrucción de la localidad navarra de Itoitz, una de las que iba a quedar sumergida bajo el polémico pantano del mismo nombre. Fueron numerosas las personas que, intentando evitar el derribo del pueblo y la construcción del embalse, llevaron a cabo actos de desobediencia y protesta. A consecuencia de esas movilizaciones, once ya han comparecido ante el juez y otros 19 lo harán dentro de un mes por la «oposición y resistencia» demostradas, como explicaron ayer desde el colectivo Solidarios con Itoitz.

Un caso especial

Este juicio, sin embargo, poco tiene que ver con otros de la misma índole sucedidos hasta el momento. El abogado defensor de los imputados, Juanjo Soria, remarcó tres cuestiones que hacen de este caso algo «inaudito» hasta el momento.

La primera de ellas se refiere al tiempo trascurrido desde que ocurrieron los hechos juzgados hasta la celebración de la vista, ya que han pasado cuatro años desde aquel 16 de junio de 2003. Soria comentó que ese hecho supone una «grave vulneración» del derecho de los procesados a «tener un juicio sin demoras y sin penas anteriores a la celebración de la vista».

En segundo lugar, precisó que las 19 personas se enfrentan a una petición de nueve meses de cárcel por entender que han cometido un «delito de desobediencia». El letrado recordó que en casos similares -como las resistencias llevadas a cabo en Artozki o el gaztetxe Euskal Jai de Iruñea-, los hechos siempre han sido considerados como falta. «¿Qué tiene de especial este caso para que no reciba el mismo tratamiento que los demás?», preguntó el letrado.

Finalmente, subrayó que el Gobierno navarro se presenta como «actor civil» pidiendo una «indemnización» de 36.022,41 euros para sufragar los gastos derivados de la «labor» de los agentes de la Policía foral durante los tres días que duró el desalojo y derribo: sueldos ordinarios y extras, comidas y cenas en establecimientos de Iruñea, Arre e Imarkoain, cervezas, etcétera.

Por todo ello, Solidarios con Itoitz denuncia que estamos ante «un nuevo caso de mezquindad político-policial» que aplican a «todo el que no comparta la política oficial» para hacerle daño, «un claro ejemplo de sed de venganza».