La consejera de Transportes y Obras Públicas del Gobierno de Lakua, Nuria López de Guereñu, aseguró ayer que las actuaciones administrativas que se puedan desarrollar desde el ámbito municipal -como la negativa del alcalde de Legutio a firmar actas de expropiación y el aplazamiento en Arrazua- «no van a paralizar ni evitar la construcción de esta infraestructura». López de Guereñu se agarra a que se trata de una obra de «interés general» para pasar por encima de lo que opinen los municipios afectados. Sin embargo, el Ejecutivo de Lakua debiera hacer una reflexión sobre el hecho de que las obras del TAV estén generando un rechazo creciente en las localidades que se van a ver afectadas por la mismas lo que, entre otras cosas, ha tenido una repercusión en las pasadas elecciones municipales. Es cierto que la infraestructura cuenta con el aval de la mayoría parlamentaria, pero es más cuestionable que cuente con la aprobación de la mayoría social. Basta ver los posicionamientos sindicales al respecto. Por otra parte, el intento de marcar la línea a seguir que algunos poderes financieros y mediáticos están tomando a favor de esta infraestructura invita también a pensar cuáles son los intereses que realmente están en juego, si los de la mayoría de la ciudadanía o los de determinadas empresas, grupos económicos y comisionistas.