Poner freno a los recortes en prestaciones sociales y particularmente en lo que respecta a las Ayudas de Emergencia Social (AES), es el objeto del manifiesto presentado ayer por plataformas contra la exclusión social y sindicatos, que se ha hecho llegar a los grupos parlamentarios de la Cámara de Gasteiz.

La iniciativa tiene por objeto «expresar la necesidad de una reforma de la Ley contra la Exclusión Social que tenga en cuenta las necesidades reales de las familias vascas», por lo que han presentado una serie de reivindicaciones frente al anteproyecto de ley presentado por el Departamento de Justicia, Empleo y Seguridad Social de Lakua para la reforma de la Ley contra la Exclusión Social.

El manifiesto plantea que la Renta Básica se iguale en cuantía al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), petición a la que el Parlamento ya ha dado la espalda, ya que el pasado viernes las formaciones del tripartito, PNV, EA, EB, con los votos del PSE, dieron el visto bueno a la subida de un 1% en la Renta Básica, 5 euros mensuales, hasta alcanzar el 88% del SMI, actualmente fijado en 570 euros. La medida fue duramente criticada por Ezker Abertzalea, que denunció que en 10 años desde la aprobación del concepto de Renta Básica no se haya igualado aún a un salario mínimo, que ya de por sí es de los más bajos de la Unión Europea, y que según expresaron, está muy lejos de los 804 euros, cuantía fijada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en el límite del umbral de la pobreza.

Desde los 18 años

Los colectivos firmantes del manifiesto, entre los que se encuentran las plataformas Argilan, Berri-Otxoak, Danok Lan, la Asamblea de Parados de Barakaldo o Txiroekin Bat Eginez, reclaman asimismo que el derecho a cobrar la Renta Básica se reconozca a partir de los 18 años y que las AES sean un derecho subjetivo, «es decir, que no esté supeditado a presupuesto».

Otra de las cuestiones sobre la que hacen hincapié tiene que ver con las anunciadas prestaciones complementarias con destino a sufragar gastos relacionados con la vivienda. Piden «que la cuantía del complemento para vivienda, además de ser cuantitativamente suficiente, se fije, al igual que ocurre con la cuantía de la Renta Básica, mediante un porcentaje que tenga en cuantía del alquiler medio en la CAV y el número de personas que convivan en una vivienda».

Los agentes sociales resaltan que son más de 26.000 familias residentes en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, las que perciben las AES, «debido a que carecen de ingresos suficientes para vivir en condiciones dignas», por lo que critican que se fije un tope de 15.000 euros «como suma de todas las ayudas de emergencia por alquiler de vivienda o intereses y amortización de préstamos que puede recibir una persona a lo largo de toda su vida como titular de AES».

«Si dividimos esa cantidad entre el tope máximo estipulado para este año, 295 euros mensuales, resulta que no llega ni a cuatro años y medio el tiempo en el que se tendrá derecho a percibir AES en el caso de una persona que vive sola y con los actuales baremos para 2007», resaltaron los firmantes, al tiempo que razonaron esta demanda en el hecho de que «desgraciadamente la pobreza no caduca en el tiempo».

Quitar incompatibilidades

Además del límite fijado en las AES, plataformas contra la exclusión social y sindicatos también criticaron un segundo límite de 4.300 euros para gastos de «disfrute y mantenimiento de la vivienda como tope a percibir a lo largo de los años».

Recuerdan que en municipios como Barakaldo, actualmente hasta un tercio de las familias solicitantes de Ayudas de Emergencia Social son pensionistas, jubilados o viudas. Así, insisten en que en pedir que se retiren incompatibilidades entre el cobro del complemento de vivienda y las AES no dirigidas a vivienda.