El anuncio hecho público la pasada semana por el Gobierno australiano de prohibir la venta y consumo de alcohol y pornografía y reducir en un 50% las prestaciones sociales que los aborígenes adultos reciben para hacer frente, según indicó el primer ministro, John Howard, a los abusos sexuales a menores que están aumentando en el Territorio del Norte ha enfadado a la comunidad aborigen.

Su respuesta ha sido la de amenazar con no permitir a los turistas el acceso a Uluru, la roca roja de 318 metros de altura y 8 kilómetros de contorno situada en en centro del país, en el Territorio del Norte, sagrada para los aborígenes y uno de los principales reclamos turísticos australianos.

En concreto, la amenaza fue realizada por líderes de Mutitjulu, localidad aborigen situada a los pies de monolito rojo, en el desierto australiano, en donde medios de comunicación informaron el año pasado de casos de prostitución infantil que forzaron al Ejecutivo a iniciar una investigación.

Según los resultados de la investigación, los casos de abusos sexuales a menores estaban aumentando en las comunidades aborígenes del Territorio del Norte, lo que llevó al Gobierno federal a anunciar una serie de medidas a aplicar en esta zona, a cuyos habitantes el Ejecutivo nunca ha prestado la debida atención.

Desobediencia civil

Además de la prohibición del alcohol y la pornografía y de la reducción de las ayudas a «aquellos padres que no cuidasen adecuadamente de sus hijos», el Gobierno tiene intención de enviar más efectivos policiales, que contarán con el apoyo logístico del Ejército.

Ante estas actuaciones, las familias locales se encuentran aterrorizadas ante la posibilidad de perder a sus hijos, denunció ayer el líder local Vince Forrester. Es por ello que los habitantes de Mutitjulu y de Uluru están considerando iniciar una campaña de desobediencia civil, que incluiría medidas como la prohibición a los turistas de ascender a su montaña sagrada.

«La industria turística aporta muchos dólares al territorio y todos los turistas vienen a Uluru», advirtió Forrester en declaraciones a la emisora de radio Australian Broadcasting Corporation. «Obviamente, la desobediencia civil puede convertirse en protesta», subrayó.

«La comunidad está desconcertada por el hecho de que se lleve a cabo una operación militar contra los miembros más pobres de Australia», aseguró el líder de la comunidad aborigen local.

Nada más conocerse el anuncio del Gobierno Federal, Ray Minnicomb, director de los ministerios aborígenes de Sydney calificó de «irrisorias» estas medidas y recordó que «prohibir el alcohol en nuestras comunidades, donde ya ha sido prohibido durante los últimos 20 ó 30 años por nuestros propios habitantes, es inútil». Por eso, insistió en que el señor Howard debería prohibirlo en las ciudades y pueblos donde la gente blanca vive con los los aborígenes para que la medida fuera efectiva».