El fiscal general de Gran Bretaña, Peter Goldsmith, pidió ayer una investigación que aclare el uso por parte de soldados británicos de técnicas ilegales de tortura en Irak, «quién las autorizó y sobre qué base».

En una intervención en una comisión parlamentaria, Goldsmith aseguró que era «muy preocupante» que técnicas como privar a los detenidos u obligarlos a mantener ciertas posturas se hayan utilizado con sospechosos bajo custodia británica.

De este modo, la polémica por la actuación de las tropas británicas en la invasión y ocupación de Irak bajo el liderazgo de EEUU ha acompañado a Tony Blair hasta el último día de su mandato, que concluye hoy.

Goldsmith, que dejará su cargo también hoy, recordó que estos métodos fueron prohibidos en 1972, por lo que urgió a averiguar «por qué alguien pensó que se trataba de técnicas admisibles».

«No puedo creer que a nadie en un rango superior en el Ejército hubiese que decirle que, en todo momento, nuestras obligaciones en virtud de las Convenciones de Ginebra y la ley penal no permitían dar a los detenidos un trato que fuese degradante o inhumano y contrario al Convenio Europeo de Derechos Humanos», añadió Goldsmith.

Informe de AI

La comparecencia de Goldsmith se produjo el mismo día en el que Amnistía Internacional (AI) hizo público su informe anual sobre la tortura y los malos tratos, en el que denunció que estas prácticas persisten en más de cien países como resultado de la acción de las fuerzas de seguridad, policía y otras autoridades del Estado.

«Es preocupante el hecho de que no todos los países tomen medidas para erradicar todas las formas de tortura patrocinadas por el Estado, y que algunos de ellos, incluso, la estén fomentando, mientras otros cierran los ojos o permiten que otros países la practiquen en su nombre», afirma AI.

«La tendencia, en el contexto de `la guerra contra el terrorismo' impulsada por EEUU, a legitimar e incluso legalizar el uso de la tortura no hace sino acentuar esta preocupación», según Amnistía Internacional.

AI también condena el mantenimiento de la prisión especial de Guantánamo, donde están recluidos personas acusadas de «terrorismo» sumidos en un limbo legal. A juicio de AI, esta prisión «se ha convertido en un símbolo ostensible del abuso de poder de EEUU con la complicidad, en numerosas ocasiones, de gobiernos europeos».