Gran Bretaña es un país con cuatro millones de cámaras de vigilancia y donde la Policía tiene derecho, sin orden judicial, de interferir y leer en tiempo real el correo electrónico de los ciudadanos. Además, es un país con una particularidad: en él las legislaciones antiterroristas preceden a los atentados a los que quieren responder. Así, Gran Bretaña fue el primer país en adoptar una legislación antiterrorista de nueva generación: «Terrorism Act 2000». En comparación con las antiguas legislaciones, destinadas a luchar contra el IRA, la nueva ley no tiene el objetivo de atacar a organizaciones concretas o a sectores particulares de la ciudadanía (la retaguardia de la organización a la que se quiere combatir) sino que las medidas que contempla limitan las libertades del conjunto de la ciudadanía.

La «Terrorism Act 2000» reviste un carácter netamente político y crea el delito de intención. Especifica que un acto terrorista se comete con la intención de presionar a un gobierno o a una administración. La ley permite criminalizar al conjunto del movimiento social y ha servido de modelo para la decisión marco de la Unión Europea sobre terrorismo, que se ha incorporado luego a los códigos penales respectivos de los estados miembros.

En febrero de 2001, siete meses después de los atentados en EEUU, el Gobierno Blair aprobó la «Terrorism Act 2001». Esta ley permite, tomando como referencia la Patriot Act estadounidense, adoptada inmediatamente después de dichos ataques, el encarcelamiento indefinido, sin juicio ni acusación, de extranjeros a los que se considere simplemente sospechosos de terrorismo. La ausencia de pruebas contra las personas encarceladas y la consiguiente imposibilidad de presentar éstas en un tribunal refleja el carácter administrativo de su detención.

En diciembre de 2004, el Tribunal de Apelación de la Cámara de los Lores, la más alta instancia judicial del país, hizo público un dictamen en el que repudiaba la detención administrativa ilimitada al considerarla contraria a la Convención Europea de los Derechos Humanos. La sentencia consideraba igualmente discriminatoria la diferencia de trato entre nacionales y extranjeros.

El Gobierno aprovechó ese segundo pronunciamiento para legitimar la generalización de las medidas de excepción al conjunto de la ciudadanía. La «Prevention of Terrorism Act», votada en marzo de 2005, permite al ministro de Interior decretar medidas de control que puedan conducir a arrestos domiciliarios de las personas cuando tiene sospechas de que una persona está implicada «en una acción relacionada con el terrorismo». Puede prohibir también a un ciudadano utilizar para sus comunicaciones el teléfono móvil, restringir su acceso a internet, obligarle a estar en su domicilio en determinado horario... estas medidas pueden adoptarse sobre la base de un simple aviso dado por los servicios secretos, cuando no se cuenta con pruebas que permitan llevar el caso a un tribunal.

No son, por lo tanto, elementos objetivos los que justifican las medidas referidas, sino la sospecha que se tiene sobre alguien o la intención que se atribuye a esa persona. El campo de aplicación de la ley es muy amplio, prácticamente ilimitado y del todo incontrolable.

La «Prevention of Terrorism Act» se presenta como una ley no discriminatoria, toda vez que se aplica por igual tanto a ciudadanos británicos como a extranjeros. Esa ley instaura en definitiva un doble sistema de ordenamiento jurídico: estado de derecho para los nacionales y violencia pura y dura para los extranjeros. La supresión del habeas corpus se generaliza a toda la ciudadanía. La ley concede al ministro de Interior prerrogativas de magistrado. Una persona es declarada terrorista no por una sentencia sino por un certificado emitido por un representante del poder ejecutivo. Este último no tiene que justificar en ningún caso la decisión que se adopta sobre un simple sospechoso.

En contraposición a otras legislaciones antiterroristas, la «Prevention Terrorism Bill» confirma la capacidad de anticipación de las autoridades británicas. Como los presuntos autores de los atentados de Londres en julio de 2006 tienen nacionalidad británica, la nueva legislación se justifica en base a medidas relativas a atentados que tuvieron lugar cuatro meses después de que se votara la ley.

En marzo de 2006, la Cámara de los Lores votó una nueva ley antiterrorista, la «Terrorism Act 2006» que crea las nuevas infracciones de «incitación indirecta» y de «exaltación» del terrorismo. La incriminación por incitación indirecta no requiere que exista intención de impulsar a otras personas a cometer actos criminales. Una persona puede cometer delitos sin ser consciente de ello. El delito de incitación indirecta existe si una persona, que hace públicamente una declaración, se muestra «indiferente o despreocupada» respecto a la eventualidad de que su discurso sea interpretado como un apoyo al terrorismo. La persona que habla es, en consecuencia, responsable de la manera en que puedan ser entendidas sus declaraciones, coincidan o no con su objetivo. Ya no es necesario que exista ligazón material entre el contenido del discurso pronunciado, por ejemplo de respaldo a la resistencia palestina, y los hechos a los que supuestamente ha «incitado», por ejemplo la colocación de varias bombas en el Metro de Londres. Para ser perseguido es suficiente con que un tribunal considere que esas palabras han creado un «clima» una «atmósfera» favorable al terrorismo.

Según el Gobierno, la imputación de «exaltación» busca el castigo de quienes «loan o celebran» actos de terrorismo. El poder pretende convencer de que quiere ante todo sancionar a los imanes más radicales, presentados como incitadores al odio. El término de la exaltación no se define.

Esta ley representa un paso más en la capacidad de que dispone el Gobierno británico para criminalizar no sólo toda acción política, sino cualquier intervención de oposición radical o de apoyo a acciones políticas. Instaura al tiempo una colaboración entre poderes con respecto a su oposición política al criminalizar cualquier acto de resistencia armada y cualquier acción de solidaridad material y hasta de apoyo verbal o escrito a personas que defienden esos actos o que así lo han hecho en el pasado. Posicionarse de manera diferente al Gobierno británico en lo concerniente a cualquier conflicto violento en el mundo puede constituirse en un delito. Cualquiera que cometa uno de esos delitos fuera de Gran Bretaña puede ser perseguido por un tribunal británico. Esta disposición no concierne en exclusiva a los nacionales, sino a cualquier persona implicada independientemente de su nacionalidad.

En consecuencia, la «Terrorism Bill 2006» tiene un caracter directamente imperial. Su alcance es inmediatamente global. Otorga al poder ejecutivo y a los tribunales británicos el poder, no sólo de criminalizar cualquier forma de apoyo a un movimiento social, a una acción destinada a presionar al Gobierno británico, sino que determina incluso lo que es bueno y lo que es malo a lo largo y ancho del mundo. Esta ley niega la esencia misma de la política. Ya no hay conflictos de intereses, sino una lucha a escala mundial del bien contra el mal.

La regresión de las libertades en Gran Bretaña no acaba aquí. Paradójicamente Tony Blair ha afirmado que anteponer las libertades civiles a la seguridad nacional fue un «error». Una nueva legislación antiterrorista, defendida por su sucesor Gordon Brown quiere otorgar a la Policía más competencias para controlar a las personas y darle la oportunidad de extender el periodo de detención administrativa hasta tres meses -frente a los 28 días actuales- para toda persona sospechosa de terrorismo pero sobre la que no tiene ni la más leve prueba ni tan siquiera un simple indicio material.