Vecinos y vecinas del valle de Longida, Urraul Beiti, Irunberri, Zangotza y Kaseda, la Asamblea de Vecin@s Afectad@s por el pantano de Itoitz y Solidari@s con Itoitz denunciaron ante la opinión pública «la situación de enorme riesgo que vivimos y el incumplimiento moral y legal que se está cometiendo en relación a la no implantación de los Planes de Emergencia».

Según explicó su portavoz, Javier Larrea, su miedo se basa, sobre todo, en la elevada cantidad de movimientos sísmicos registrados desde que comenzó el llenado del pantano, en enero del 2004. La Coordinadora de Itoitz informaba ayer de tres nuevos movimientos registrados, con lo que la cifra se eleva hasta 1.082 terremotos.

En la comparecencia los vecinos afectados dieron a conocer que la cota actual del pantano está en 582, y se prevé que hasta diciembre seguirá el llenado, ya que llegará a su cota máxima de 588. «La actividad sísmica se ha activado con mucha violencia», según señalaron, e «impresiona ver cómo está el pantano».

El temor se ve aumentado por el deslizamiento de la ladera izquierda de la presa, ya que, tal y como indicaron, «es un fenómeno que puede acelerarse». Por si fuera poco, los Colegios Oficiales de Ingenieros y Geológos recomendaron que se volviesen a elaborar los estudios sísmicos y de estabilidad de la ladera y que debían incrementar todo tipo de medidas de control. Los vecinos lamentaron que «los poderes públicos locales, regionales y estatales no saben ya cómo afrontar el problema y siguen adelante a toda costa. Los intereses políticos y económicos creados en torno al pantano de Itoitz y el Canal de Navarra prevalecen», y añadieron que «nuestro derecho a la vida y nuestra seguridad pasan a un segundo plano».

Planes de Emergencia

Javier Larrea explicó que, aunque en el caso de que ocurriese un desastre debido al pantano no habría tiempo para nada, siempre se intenta minimizar las pérdidas humanas, y para ello la ley recoge los Planes de Emergencia en situaciones de riesgo. En esos planes se informa de protocolos a seguir, y en cada pueblo afectado las medidas serían distintas en función del tiempo disponible.

El Ayuntamiento y el Gobierno tienen la responsabilidad de implantar los planes, pero hoy en día no existe ningún tipo de medida. Los vecinos opinan que se trata de «la ley del silencio» para no dar a conocer los riesgos existentes y las posibles consecuencias del pantano. Con la ocultación de esa información, el Gobierno intentaría no asustar a la población.

Por ello, exigen a las instituciones que implanten las medidas cumpliendo con la ley y que informen debidamente a la población. En función de la respuesta obtenida, iniciarán acciones judiciales contra ayuntamientos y contra el Gobierno. Además, llevarán a cabo una campaña de nivel mundial para denunciar su situación.